Informe especial
Mirada sobre los presos políticos del fascismo colombiano

por Amigos de la Paz en Colombia y en el Mundo
Febrero-marzo de 2006

6. Prisioneros de guerra en la selva colombiana

Hay en la actualidad varios prisioneros de guerra en la selva colombiana, apresados por las FARC. La organización plantea una interesante propuesta de intercambio entre estos prisioneros y los presos políticos del movimiento insurgente que están hacinados en las cárceles del país. Por supuesto al decir “interesante” decimos que esto resulta así para quienes defendemos la paz y sobre todo la dignidad de las personas, porque es evidente por demás que no se maneja dentro de estos criterios el señor presidente de Colombia.

A cambio de los guerrilleros presos, FARC devolvería a su hogar a:

12 diputados departamentales.
Varios congresistas nacionales.
Un ex ministro de estado.
La periodista y ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, apresada en diciembre de 2002.
37 comandantes de policía y ejército hechos prisioneros en combates, algunos hace ya más de seis años.
21 políticos, entre ellos el señor Alan Jara.
Los tres agentes de la CIA capturados por la guerrilla mientras hacían espionaje para el gobierno de EU (caso muy comentado por la prensa internacional en su momento).

Todas estas personas serían liberadas una vez que también lo fueran todos los camaradas de la fuerza al momento de la firma del acuerdo.

Esta oferta se mantiene en pie. Para ello también debería el gobierno desmilitarizar los municipios de Florida y Pradera en el departamento del Valle, ya que por razones obvias existiría desconfianza de parte de los insurgentes respecto a las buenas intenciones de un gobierno que realmente no ha hecho mérito para que existan.

El movimiento además solicita la participación solidaria de los partidos comunistas, organizaciones sociales y políticas y de todas aquellas personas que quieran participar de la transparencia del acto de intercambio.

Sin embargo, la esencia fascista del régimen imperante en Colombia, representado por Uribe, demuestra a las claras que no está dispuesto a colaborar en esas intenciones, lo cual tampoco deja posibilidad de la menor duda ante lo que expresamos: no le interesa la vida de esas personas.

En los últimos tiempos, en pleno desarrollo de su trabajo por su propia reelección, Uribe salió a exponer ante la gran prensa mentirosas declaraciones al respecto, jugando con ellas y con el sentimiento de las familias de los prisioneros en una total falta de respeto hacia los mismos. Resulta repugnante que se juegue con esos sentimientos, es un hecho que demuestra una bajeza sin límites. Los familiares de los prisioneros se negaron rotundamente a los intentos de “rescate” por parte de las fuerzas militares a la orden de Uribe, temiendo el riesgo físico de los suyos, no obstante el semanario Voz, silenciado por los medios oficiales, denunció los operativos que se desarrollaban con ese fin en mayo de 2004.

El ex integrante de la Comisión de Notables, señor Alberto Pinzón Sánchez, realizó una pregunta muy aguda respecto a la falta de voluntad de Uribe en dicho proceso: “¿Será que en su ambición reeleccionista le teme a Íngrid Betancourt?”. Íngrid, vale recordar, fue una fuerte opositora política de Uribe, tal vez ahora, de ser liberada, podría causarle algún traspié a este ambicioso mandatario que va por una segunda etapa para desgracia de los colombianos.

Los familiares de los prisioneros están ansiosos de respuestas, exigen que el presidente conforme rápidamente una comisión negociadora para comenzar las negociaciones seriamente, que dé posibilidad al reencuentro tantos años esperado. Cuentan con el apoyo de los ex presidentes de Colombia, con excepción de Andrés Pastrana, quien dirigió los destinos de su tierra durante los años 1998-2002, además de la solidaridad demostrada por representantes de la iglesia católica, sindicatos, partidos políticos, académicos y la sociedad civil en su conjunto.

En diciembre de 2005, los familiares de los rehenes tomaron la catedral de Bogotá y la principal iglesia católica de Cali para presionar por el acuerdo de intercambio entre guerrilleros y sus familiares. Participaron del hecho, el día previo del día internacional de los derechos humanos, la madre de Íngrid Betancourt, su esposo, y la presidenta de la asociación de familiares de militares y policías prisioneros de la guerrilla (Asfamipaz).

Fueron acompañados en su reclamo por los embajadores en Colombia Daniel Parfait, de Francia; Luis Ortiz Monasterio, de México; Olaf Oskoof, de Suecia. También se hizo presente en el lugar el director de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michael Frühling, así como el ex presidente colombiano Alfonso López (1974-1978), el cardenal católico Pedro Rubiano, el ex canciller Augusto Ramírez, el periodista Carlos Lozano, director de la publicación comunista Voz, y Ana Teresa Bernal, activista humanitaria.

Uribe se mostró renuente a la propuesta de conformación de una comisión negociadora, pues sostiene que en Colombia no hay conflicto armado interno ni mucho menos guerra. Para él, “no hay combatientes sino terroristas”. El intercambio humanitario de prisioneros es un hecho contemplado por la Convención de Ginebra que regula las guerras, parece que para Uribe no.

En diciembre, también, el embajador norteamericano en Bogotá, William Wood anunció que su país aumentaba a cinco millones de dólares la recompensa por información efectiva para dar con los captores de sus conciudadanos (este señor parece haber quedado detenido en el Lejano Oeste) mientras mantienen operativos secretos en los cuales 2.500 soldados colombianos y 49 militares y asesores norteamericanos buscan hace casi un año a sus agentes de la CIA que hacian espionaje para el gobierno norteamericano al momento de su captura… No interesa que por temor a la integridad de los suyos los familiares se opongan a estas búsquedas.

La pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué Uribe se niega rotundamente al intercambio? ¿Será que el presidente opta por la burla en un tema tan caro a los sentimientos del pueblo? Evidentemente este personaje está muy metido dentro del tema de su reelección al punto tal que desoye todo tipo de razonamientos humanitarios.

Varios fueron los intentos de la guerrilla por alcanzar la instancia de negociación que permita el regreso a su ámbito para todos los prisioneros:

15 junio de 1997. Liberación unilateral por parte de las FARC de 60 soldados y 10 infantes de marina en zona desmilitarizada.

1998. Las FARC proponen crear una ley de canje que permita el intercambio de prisioneros de guerra entre las partes mientras el conflicto continúe.

1999. Las FARC insisten ante el gobierno, parlamento y otros sectores de la sociedad sobre la necesidad de una ley de canje que permita la liberación de los retenidos.

Junio de 2000. Las FARC liberan unilateralmente a más de 350 policías y soldados.

Junio de 2001. El gobierno libera a 11 guerrilleros enfermos.

19 mayo 2002. Las FARC proponen la desmilitarización de los departamentos de Putumayo y Caquetá para facilitar, entre otros, el acuerdo humanitario.

Abril 27 de 2003. En carta dirigida a los ex presidentes Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay Ayala, Ernesto Samper Pizano, Carlos Lemos Simmons, las FARC ratifican el nombre de sus voceros oficiales para tratar con el gobierno el tema del canje.

Agosto 27 de 2003. Los ex presidentes Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay Ayala y Ernesto Samper Pizano dirigen carta a las FARC.

Septiembre 10 de 2003. Las FARC dirigen carta abierta a los ex-presidentes Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay Ayala y Ernesto Samper Pizano afirmando que a pesar de la negativa gubernamental, incluso a las propuestas de los ex presidentes, las FARC mantienen su voluntad de lograr un acuerdo humanitario.

Febrero 6 de 2004. Las FARC ratifican el nombre de sus negociadores.

Septiembre 14 de 2004. Las FARC ratifican su disposición a encontrar un acuerdo y proponen para tal efecto la desmilitarización de los municipios de San Vicente y Cartagena del Chairá en el Caquetá. Al tiempo desmienten una propuesta apócrifa, difundida por la prensa oficial, según la cual las FARC pedían un despeje de 72 horas.

Noviembre 28 de 2004. Las FARC proponen la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera en el Valle.

Febrero 25 de 2005. Las FARC comunican públicamente que un intercambio humanitario incluye a todos los prisioneros de guerra pertenecientes a las FARC, incluidos Rodrigo Granda, Simón Trinidad y Sonia. Estos dos últimos extraditados a los EU por Álvaro Uribe.

Agosto 14 de 2005. Las FARC valoran y saludan el esfuerzo de los familiares de los retenidos, y ratifican su disposición de encontrar un acuerdo. Alertan sobre las provocaciones militares de las fuerzas militares siempre que se han dado encuentros entre las FARC y sectores interesados en avanzar en el proceso de acuerdo humanitario. Desmienten la propaganda emitida por la inteligencia militar que habla de corredores estratégicos que estaría buscando la insurgencia.

Septiembre 10 de 2005. Las FARC agradecen a los gobiernos de los diferentes países amigos del intercambio, su disposición y esfuerzos por ayudar en el propósito de un encuentro entre las partes e insisten en el despeje por 30 días de los municipios de Pradera y Florida.

Septiembre 26 de 2005. Las FARC proponen un despeje de sólo 30 días y un calendario para un encuentro entre las partes. El gobierno de Uribe se niega.

Noviembre de 2005. Los gobiernos de España, Francia y Suiza envían una comisión técnica e independiente a los municipios de Florida y Pradera, con el propósito de presentar una propuesta. El gobierno colombiano pretende aprovecharse con fines electoreros de esta iniciativa.

Diciembre 13 de 2005. Suiza, Francia y España presentan a las dos partes la propuesta llamada “sistema de seguridad para un encuentro humanitario en la Cordillera Central”. Inmediatamente Uribe Vélez aprovecha esta propuesta con fines politiqueros.

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