Informe especial
Mirada sobre los presos políticos del fascismo colombiano

por Amigos de la Paz en Colombia y en el Mundo
Febrero-marzo de 2006

1. La tortura es permanente

En Colombia, cerca de siete mil personas conforman la población carcelaria en los distintos establecimientos penales del país. El gobierno colombiano no les concede el estatuto de presos políticos porque niega determinantemente la existencia del conflicto armado que existe allí hace ya más de cuatro décadas, no obstante sí les atribuye el rótulo de terroristas.

Por supuesto, por ser esa la concepción del gobierno, tanto el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) como todos los entes y ministerios del país, trabajan el tema de la misma manera, lo cual produce una gran dificultad para los organismos que trabajan por los derechos humanos.

Hasta el 11 de septiembre de 2001, cuando una situación extraña produjo los hechos tristemente recordados, a la vez que modificó la situación mundial, todo preso por cuestiones políticas era acusado de delito de rebelión. Pero a partir de esa fecha repudiable, cambia esta situación y al preso político, además de ser juzgado por rebelión --lo cual está tipificado en el código penal-- se le agrega la acusación de terrorista, lo cual complica la situación del detenido, ya que lo coloca en una posición de absoluta indefensión.

Hay más de 68 mil personas presas en Colombia. Muchas de ellas fueron privadas de su libertad sin que existiera prueba alguna que los identifique como sediciosos. Muchos sindicalistas están presos por terrorismo y por rebelión, pero se puntualiza especialmente sobre lo primero, ya que el gobierno coloca el delito de rebelión en segundo plano, dada la coyuntura internacional.

De las 68 mil personas en situación de privación de libertad, la mayor parte no tiene condena firme, no han tenido juicio ni sentencia.

Hay alrededor de 2.200 personas condenadas, el resto está en proceso de investigación; cuando, por ejemplo, es detenida una persona sola, el juicio es un poco más rápido, pero cuando se detienen varias juntas se ha dado el caso de que éstas estén hasta 18 meses sin ser juzgadas. Vale aclarar que, según la ley colombiana, 36 horas es el tiempo límite para que una persona sea puesta a disposición de la autoridad competente, pero esos tiempos en Colombia son violados permanentemente.

La reforma penal del año 2003 elevó de 40 a 60 años la pena máxima para los detenidos. Esta pena cae con toda su rudeza para los detenidos políticos, combatientes, luchadores, sobre quienes cae el peso de la ley. Sin embargo, según la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Colombianos, en los últimos tiempos el 60% de los detenidos no son combatientes, sino dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y gente perteneciente a organizaciones sociales y populares, quienes por supuesto pasan a denominarse terroristas.

Colaboran rotundamente para que ese cargo pueda ser impuesto al detenido, los informantes contratados por el gobierno para que argumenten conocer a la persona y asegurar que sin dudas ha estado vinculada a alguna organización insurgente o fue parte de algún atentado.

Se ha conocido el caso de personas que han sido procesadas, juzgadas y condenadas, aun sin haber tenido pruebas concretas de su accionar, luego de su penar que puede llevar años son declaradas inocentes.

En el marco de la política de “seguridad democrática”, aumentó considerablemente la aplicación de tortura contra los detenidos, hecho que se realiza particularmente contra habitantes de poblaciones empobrecidas.

Existe una discriminación salvaje contra miembros de la comunidad afrocolombiana, así como contra quienes están alojados en centros de reclusión transitorios --estaciones de policía--, donde la tortura es permanente. En los últimos años, la tortura física fue transitoriamente reemplazada por la tortura psicológica, pero la primera recobró últimamente su sitial siendo el uso de picana sobre cuerpos previamente arrastrados, luego mojados algo constante.

Pero también se suele introducir en la boca del detenido una bala con la que supuestamente mataron a otra persona, obligándosele a tragar dicho elemento. Tampoco faltan los simulacros de fusilamiento, o cualquier otra parodia de muerte brutal.

A quienes detienen por actividad política, así como a los combatientes de los movimientos insurgentes y luchadores sociales, les aplican preferentemente la tortura psicológica.

Por supuesto, toda tortura es difícil de demostrar, especialmente para quienes permanecen en centros de reclusión a quienes antes de trasladar para el interrogatorio de la justicia, se les ha hecho firmar un documento en el cual aseguran que fueron tratados correctamente.

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