La homofobia es antidemocrática

Colectivo León Zuleta

En Colombia, la homofobia, como expresión concreta del patriarcalismo y el machismo y como parte de los mecanismos de opresión sexual y de dominación cultural de la burguesía, es uno de los vejámenes que más sufre nuestro país, sobre todo porque goza de cierta aceptación social, respaldada ampliamente desde el estado y la Iglesia.

La homofobia ha cobrado la vida de cientos de personas en crímenes de odio que han quedado en la impunidad, muchos de ellos cometidos por agentes del estado en “limpiezas sociales” de la mano de grupos paramilitares.

Además, la homofobia se mantiene y se reproduce ayudada de toda una estructura de discriminación que afecta todas las esferas de la sociedad y que se expresa en formas abiertas de exclusión en la familia, la escuela, los espacios públicos, en los espacios laborales, la participación política, etc.; así como también en formas solapadas y sutiles de estigmatización con que los aparatos ideológicos impulsan la marginación de quienes ejercen y hacen expresas sus identidades de género y orientación sexual distintas a las hegemónicas.

La homofobia es una de las principales trabas para el ejercicio de derechos adquiridos. A pesar de los reconocimientos que han dado las altas cortes a los derechos básicos de la población LGBT, su ejercicio, que supone una exposición pública de su condición, se enfrenta a la agresión homofóbica, a veces explícita, otras velada, que se dan en la esfera laboral, escolar, familiar, etc.

El gobierno colombiano y la mayoría uribista en el Congreso de la República, consecuente con su talante conservador y retardatario, se esfuerza en no reconocer ningún tipo de derechos para la comunidad LGBT. Por el contrario, algunas veces de manera abierta, y otras de manera vergonzante, se ha opuesto a iniciativas legislativas que avanzan de manera progresista en estos temas.

Los avances que se han logrado en el reconocimiento de derechos para la población LGBT, han venido de los fallos de las altas cortes judiciales que han permitido el ejercicio de derechos en temas patrimoniales, de salud y pensión. Así mismo los progresos también se han dado en el marco de gobiernos locales, fundamentalmente de izquierda. En el caso de Bogotá, tanto en la anterior como en la actual administración, se ha avanzando en tener una política pública y recursos, aún deficientes, para ejecutar desde el gobierno distrital en beneficio de la población LGBT, gestión que no ha contado con la aprobación de la mayoría del Concejo de Bogotá, donde dominan los sectores uribistas ligados a la iglesia católica y a otras denominaciones que se han opuesto radicalmente a estos temas.

La lucha contra la homofobia requiere, además de herramientas legislativas que avancen en el reconocimiento en derechos y penalice la discriminación por razones de orientación sexual e identidades de género, el diseño, concertación y puesta en marcha de una política pública de estado, con recursos suficientes para combatir las condiciones materiales y culturales en que se desarrolla la homofobia.

Por supuesto que al centro de estas necesidades se encuentra la construcción de un movimiento social LGBT que impulse de manera unificada estas reivindicaciones, que asuma, desde su diversidad, la tarea de movilizar no sólo a la comunidad LGBT, sino a la opinión pública en general y que entronque sus luchas con las exigencias democráticas de la sociedad.

La lucha contra la homofobia es parte inherente de la lucha por la democratización de la sociedad, en oposición al actual régimen que encabeza Álvaro Uribe Vélez y como tal tienen un importante lugar en la consecución de un gobierno democrático. Vincular al movimiento LGBT al torrente de la lucha democrática, es la manera más adecuada de avanzar en la construcción de una sociedad diversa, respetuosa y democrática para el disfrute de todos y todas.