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La paz como proyecto político

La finalización del conflicto armado, y los impactos que los acuerdos generen para la sociedad colombiana, incluida la insurgencia, implican, para esta última, un nuevo momento de su desarrollo político.

Foto: Leonardo Jarro via photopin (license)

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Cristian Hurtado
Arqueólogo UNAL
Juventud Rebelde Bogotá

“La levadura de la historia, lo que impulsa al héroe a hazañas que se salen de la estrechez de todo cálculo, el quijotismo, han abierto a los pueblos horizontes que la razón no pudo sospechar (…) José Martí adivinó una Cuba libre que no existía, Bolívar una América liberada. Lo que ellos hicieron fue contra toda razón” Germán Arciniegas

Culmina el primer semestre del año, con una verdad inherente: la disputa por la paz con justicia social toma forma y en torno a ella se empieza a reconfigurar la balanza de poder del país. Ello reitera que la solución política, sus implicaciones y alcances, son sin duda el hecho político más importante de la historia reciente, así como condensa el problema del poder en Colombia.

El punto de inflexión que genera la finalización del conflicto armado ha generado en menos de seis meses decisiones y anuncios que cada uno por sí sólo son hechos de trascendencia histórica: presentación de la agenda de diálogos con el ELN; programa de acogida de menores de edad en los campamentos de las FARC-EP; anuncio de cese bilateral, dejación de armas y medidas estatales para el desmonte del paramilitarismo son algunos. En medio de tan agitada agenda, nunca estará de más retomar viejas premisas, renovadas por los hechos, para no perder la pista de lo que al campo popular en sus propios términos ha sido esencial: la paz con justicia social como proyecto político.

Los alcances esenciales de los procesos de diálogos: La finalización de la confrontación armada entre Estado e insurgencia implica una serie de modificaciones que permitan reorganizar la sociedad, de modo tal que las conflictividades sociales se puedan dirimir sin apelar al uso de la violencia.

Dichas modificaciones son los acuerdos emanados de los procesos, las cuales vistos en su conjunto –agendas FARC EP y ELN– aluden a ampliar el marco institucional para la participación política, modular el modelo económico como premisa de dicha participación, el reconocimiento de las víctimas como actores sociales y políticos con derechos plenos: los acuerdos buscan derivar en modificaciones que afecten las fuentes del poder político, su ejercicio, y el tratamiento de fuerza al campo social y popular. Son temas esenciales, de gran alcance y potencia, pero no agotan las expectativas del campo social y popular.

En ese sentido se trata de oportunidades, de avances, que abren una nueva etapa que se puede suponer genera dos escenarios: la renuncia por parte del Estado y de la sociedad alzada en armas –insurgencias– a tramitar sus conflictividades apelando al uso de la violencia; en segundo lugar, una etapa de reformas que abrirán nuevos espacios para el ejercicio político, y por tanto, proyectan nuevos y renovados campos de lucha para el movimiento popular, quien se dota de garantías, espacios y derechos para seguir construyendo alternativas de país.

Lo anterior denota un aspecto esencial: quienes proscriben el ejercicio de la violencia no son sólo los movimientos insurgentes. Al Estado le corresponde el mismo compromiso, no hacia la insurgencia sino ante la sociedad. Temas como el código de policía, el mantenimiento del Esmad, la doctrina militar y el servicio militar obligatorio, son temas que deben hacer parte de las implicaciones del acuerdo de finalización de la confrontación armada entre Estado – Sociedad.

Esto es imperativo así surja o no de los acuerdos: se trata de temas que el campo social y popular debe ganar como correlato del fin del conflicto armado. El fin del conflicto debe implicar el fin de la militarización de la vida social, y dicha desmilitarización política, cultural, legal y territorial será resultado de la acción del movimiento social y popular más allá de lo acordado, es parte de la agenda que los acuerdos abren, pero que el campo popular debe ganar en las calles.

Dos mesas, un proceso: La finalización dialogada del conflicto armado como posibilidad de converger trayectorias de lucha

La finalización del conflicto armado, y los impactos que los acuerdos generen para la sociedad colombiana, incluida la insurgencia, implican, para esta última, un nuevo momento de su desarrollo político. Ni el ELN ni las FARC-EP son sujetos políticos menores: se trata de más de 50 años de acumulados organizativos, políticos, ideológicos que, si bien nunca se han desarrollado al margen de la sociedad –de otro modo no habrían pervivido como organizaciones insurgentes–, seguramente incidirán en la dinámica política del país y del campo alternativo y transformador de una manera renovada. Ambos actores políticos, como resultado de un acuerdo que garantice su accionar no armado, son impostergables para un nuevo mapa de fuerzas favorable a las gentes del común.

A nivel programático, sus planteamientos son no menos despreciables. Lo cual avizora un renovado debate ideológico, estratégico, en el país político. Ambos aspectos se pondrán en juego, y su potencial será expresado en la necesaria confluencia de las mesas de diálogos. Dados los alcances de los diálogos, los retos que abrirá y las oportunidades que ofrece, es impostergable que el campo popular asuma que una solución dialogada, hoy, con el ELN, sumada al proceso con las FARC-EP, serán factores dinamizadores en una reconfiguración de fuerzas favorable a las gentes del común.

El Gobierno lo entiende, y por ello, dilata el inicio del proceso con el ELN, así como justifica dicha dilación en las supuestas fracturas de la insurgencia, jugando a construir una presión contra el ELN que genere rupturas, confusiones y divisiones que resten fuerza al encuentro de trayectorias de luchas por una Colombia Nueva que proyectan las dos mesas en un proceso.

En ese contexto, adquiere plena relevancia la discusión sobre el paramilitarismo en Colombia: ello dado el argumento que sugiere que el ELN es funcional al Gobierno al no iniciar diálogos –asumiendo es su voluntad la que está en cuestión– para justificar la represión al movimiento social. Lo anterior es falso. Valga señalar que la historia ha demostrado que al Estado colombiano, en su evolución, ha sido connatural el paramilitarismo incluso antes de la existencia de insurgencia.

También se obvia, o se concede, que el paramilitarismo es una fuerza contrainsurgente cuando su historia muestra que ha evitado la confrontación con la insurgencia y, por el contrario, ha actuado siempre contra la población civil –cosa que por demás el mismo Carlos Castaño reconocía era la estrategia paramilitar. En síntesis, el paramilitarismo es una política de Estado más allá de la ausencia o presencia de actores armados insurgentes; elemento más importante a resaltar por la infundada asociación de la extrema derecha partidista con dicho sector.

El reciente accionar paramilitar ha tenido un claro objetivo: atacar sectores sociales y populares, generar zozobra e inacción como mecanismo de contención hacia el campo alternativo. No ha sido su accionar dirigido a interpelar al gobierno Santos. Lo anterior no niega una relación o afinidad entre extrema derecha y sectores paramilitares, la cual, por demás, también existe entre sectores de las ramas del poder público. La ecuación extrema derecha-paramilitarismo es cuando menos imprecisa, y oculta una tensión entre el bloque de poder, que se refleja en las esferas institucionales y parainstitucionales del mismo.

La instalación de la mesa de diálogos con el ELN, así como el desmonte del paramilitarismo son asuntos de voluntad política estatal. Y en ello, la presión desde las fuerzas vivas de la sociedad debe dirigirse hacia lograr el Gobierno actúe en consecuencia. Del mismo modo, dichos escenarios son esenciales en una futura convergencia de trayectorias de lucha hacia la construcción de un bloque alternativo con capacidad, potencial y acumulados para ser poder y Gobierno en Colombia. El ELN es fundamental en dicha configuración.

La refrendación e implementación como aglutinador de nuevos bloques políticos

De estar en lo correcto en lo anterior, se entiende el reto de la refrendación es mucho más complejo que una victoria aritmética del sí. La necesaria victoria cuantitativa en el escenario de refrendación debe implicar una victoria cualitativa: las mayorías del sí, escrutadas en las urnas, deben compadecerse de una mayoría moral y política, con reflejos en niveles de consenso, perspectiva, objetivos y accionar.

El escenario de la refrendación debe permitir potenciar las convergencias existentes, sumar nuevas fuerzas alternativas, y consolidar una agenda común de país, una ruta que lo haga posible, y un sujeto colectivo que le dé cuerpo, voz, y lo eche a andar. Teniendo en cuenta los alcances de los acuerdos, esa nueva etapa de reformas favorables que debe implicar, las agendas postergadas del campo popular, y los acumulados programáticos que se han construido en años de disputa, esa convergencia, de lograrse, será aún más importante que la refrendación misma de cara a la implementación y los escenarios que se abrirán al país, en ellos, la Asamblea Nacional Constituyente.

La Asamblea Nacional Constituyente como el segundo desenlace

La finalización del conflicto armado es un paso más hacia la paz con justicia social. Su consecuencia directa será desatar la capacidad y fuerza del campo alternativo, sus acumulados en un espacio distinto para la acción política. La tarea de la paz con justicia social, aquello del buen vivir, de la vida digna, la Colombia Feliz o la Nueva Colombia, es una tarea para lo cual daremos un paso más.

Esa fuerza desatada, convergente, no es otra cosa que el proceso constituyente como dinámica de construcción de nuevo poder en perspectiva de ser gobierno. Y es lo esencial de entender la paz como proyecto político. Reafirma, también, la vigencia de la Asamblea Nacional Constituyente como un segundo desenlace esencial, en ese camino hacia una nueva Historia, hacia la paz con justicia social.

Hemos dicho que la finalización del conflicto armado no es sinónimo de la paz con justicia social. Se trata de esa nueva etapa de conflictividad bajo un marco nuevo en el que Estado y sociedad prescinden de la violencia, y se ofrecen garantías de vida y acción política a las gentes del común. También hemos hablado de la mayoría activa que se hará presente con una victoria en la refrendación, y de la que derive un sujeto colectivo unitario, una mayoría política que abandere aquello que se debe profundizar de lo acordado, aquello que no logró introducirse y que en suma es el programa de gobierno de las gentes del común.

En ello, las trayectorias de lucha que convergen tendrán mayor o menor potencia de acuerdo a quienes la compongan; de lo cual se desprende la necesidad de exigir al Gobierno un compromiso decidido con el diálogo con el ELN y un acuerdo final con las FARC EP. Ambas mesas permitirán dinamizar los acumulados del campo alternativo, socializarlos, afinarlos y, en la medida de lo necesario, proyectarlos en una idea de país distinto.

A contramano, es innegable la crisis institucional, del poder constituido, que a diario se refleja en hechos como la crisis en los centros penitenciarios del país; las cada vez peores condiciones de vida de las gentes del común producto de la informalidad y el precario marco laboral vigente; la cada vez menor legitimidad de las instituciones civiles y militares del país –que se profundizará en escenarios como la comisión de esclarecimiento de la verdad del conflicto en el SIVJRNR-.

Ante esa crisis, se mantiene arriba la bandera de la lucha social y popular, el entusiasmo de la movilización con desiguales niveles de desarrollo, pero con importantes acumulados por desplegar. Lo ha demostrado la Minga Nacional, importantes sectores del gremio camionero, las ciudadanías bogotanas, el movimiento estudiantil, y recientes iniciativas juveniles vinculadas a la exigencia de desmonte del servicio militar obligatorio, amnistía a los remisos del país resultado del acuerdo final, y los festivales juveniles; cumbres de artistas, encuentros sindicales, cabildos populares, en fin, renovadas fuerzas, fuerzas mágicas, creativas, creadoras, que disputan a la razón de lo posible la convicción de lo necesario para el buen vivir.

Son estos tres fenómenos políticos los que hacen vigente la Asamblea Nacional Constituyente. Su vigencia no está determinada por el mecanismo de refrendación, incluso, por el fin del conflicto; su necesidad no está determinada por la formalidad jurídica de lo acordado –como lo evidenció el blindaje jurídico.

La Asamblea Nacional Constituyente es, por el contrario, un paso adelante en la ampliación de un pacto político para la paz pleno; uno que, por demás, logre mayores y mejores espacios para, con renovadas fuerzas, con mayor entusiasmo, sigamos avanzando en el tortuoso camino de las gentes del común por las transformaciones que constituyen para nosotros y nosotras la paz con justicia socia, aquellas que hacen de la paz algo más allá de la firma del acuerdo, las que hacen de la Paz nuestro proyecto político: la paz que es cambios; la paz con apellidos; la Colombia 50 años soñada pese a las sinrazones de nuestra historia.

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