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Exigencias de organizaciones sociales frente al paramilitarismo

La primera acción para su desmantelamiento tiene que ver con los aspectos legales, que deberán verse reflejados en una Política Criminal que reconozca las dimensiones de este fenómeno y en esa medida emprenda diferentes tipos de acciones en las cuales se vean comprometidas las instituciones.

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El panorama presentado el pasado 15 de abril en el marco de la audiencia pública “Persistencia del paramilitarismo: sin garantías no hay paz sostenible” deja un balance desolador y preocupante de cara a la firma de los acuerdos de paz en la mesa de La Habana. Ante este escenario los grupos paramilitares se rearman a lo largo y ancho del país cobrando cada vez más fuerza, constituyéndose en verdaderas amenazas contra las comunidades campesinas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, defensores del territorio y contra integrantes de la insurgencias que se incorporan a la vida civil y política; en otras palabras son una seria amenaza contra la paz.

En esta medida se exige al Gobierno Nacional, a los integrantes del Congreso de la República y a los integrantes de la Mesa de Negociaciones en La Habana, garantías para la paz y sobre todo garantías de no repetición del exterminio ni de tantos años de violencia. Por esta razón a continuación las diferentes organizaciones sociales presentes en la audiencia plantean:

1. Debe hacerse de parte del Gobierno y de todas sus instituciones, así como en el mismo Congreso, un pronunciamiento en el que se admita la existencia del fenómeno paramilitar en Colombia que en los últimos meses ha cobrado más fuerza y es el mayor causante de violaciones a los derechos humanos en el país. A pesar de tener nuevas tácticas, presenta continuidad en sus estrategias de terror, amenaza, persecución y expropiación.

El reconocimiento de su existencia debe ir acompañado de un rechazo político en todo el país, llegando a un acuerdo político que vincule en este rechazo a Gobierno Nacional, congresistas, gobernadores, alcaldes y todo aquel que ejerza cargos de representación política para que asuman el compromiso de rechazar el paramilitarismo pero también de implementar, poner en marcha o apoyar políticas en todo el país dirigidas a combatir este fenómeno.

2. La primera acción para el desmantelamiento del paramilitarismo tiene que ver con los aspectos legales, los cuales deberán verse reflejados en una Política Criminal que reconozca las diferentes dimensiones bélicas, políticas y económicas de este fenómeno y en esa medida emprenda diferentes tipos de acciones en las cuales se vean comprometidas las instituciones a fin de desarticular, desmontar y sancionar a todas las estructuras del paramilitarismo. Entre las acciones planteadas deberán tenerse en cuenta:

—La inclusión de un apartado en la Constitución donde se condene este fenómeno y se ordene su desmantelamiento y en esa medida prohíba la promoción, organización, financiación o empleo oficial o privado de estructuras o prácticas paramilitares.

—La formulación e implementación de mecanismos legales especiales contra el paramilitarismo que permitan efectuar los ajustes normativos y obtener herramientas jurídicas para afianzar las capacidades del Estado dirigidas a romper la posibilidad de cualquier vínculo entre agentes del Estado y sectores políticos, sociales y económicos con este tipo de estructuras.

—Se deberá crear un nuevo tipo penal dirigido al paramilitarismo que sancione la promoción, financiación, organización, fomento y ejecución de conductas y actos tendientes a la conformación de grupos criminales, estructuras paramilitares o contrainsurgentes ilegales o de mercenarismo, que entre otras incluya causales de agravación punitiva.

—Creación de normatividad que sancione y censure contenidos audiovisuales que promueven el paramilitarismo en todas sus expresiones, incluyendo los autodenominados grupos de limpieza social o de autodefensa.

—Adopción de medidas especiales para enfrentar la parapolítica y la paraeconomía. Por lo tanto se deben reglamentar e implementar rigurosamente formas de sanción política en la normatividad vigente, no sólo por el punible de concierto para delinquir sino por crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Además se deben crear sanciones económicas para los partidos y pecuniarias para los individuos, y hacer más riguroso el sistema de control de otorgamiento de avales y de financiación de los partidos.

3. Se deberá poner en marcha una unidad especial de investigación judicial para el desmantelamiento de organizaciones criminales paramilitares, así como de sus estructuras económicas y políticas. Esta unidad deberá incorporar, dentro de sus investigaciones, estudios de contexto que den cuenta de los patrones de macrocriminalidad, prácticas particulares de violencia ejercida contra líderes sociales y mujeres, y de despojo, entre otros.

4. Crear una Comisión Nacional contra el paramilitarismo con estructura, funciones y presupuesto especiales. Los comisionados, fiscales, jueces y funcionarios tendrán entre otras funciones la de investigación, análisis y judicialización, y se les garantizarán condiciones de independencia e imparcialidad. Así mismo gozarán del acompañamiento internacional del representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y la Celac.

5. Crear un cuerpo élite contra el paramilitarismo con competencia para combatir las organizaciones criminales y sucesoras de este fenómeno en las zonas urbanas y rurales. Este cuerpo los enfrentará físicamente a través de acciones coordinadas y pondrá en marcha a su vez los mecanismos judiciales respectivos, bajo la dependencia del Ministerio del Interior, en coordinación con la Comisión Nacional contra el paramilitarismo.

6. Generar las condiciones adecuadas, suficientes y eficaces en materia de seguridad en el territorio nacional para evitar la afectación de los derechos y garantías fundamentales, desarrollando además la capacidad de prevenir, reaccionar, controlar y sancionar ante posibles violaciones a los derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario.

7. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debe estar adscrita al Ministerio del Interior y no al Ministerio de Defensa. Quien ejerza las funciones de superintendente deberá siempre ser un civil y no un militar o ex militar y sobre sus actuaciones se establecerá una auditoría social. Además se deberá hacer una evaluación del personal que preste los servicios de vigilancia, teniendo claro que cuando estas personas sean desmovilizadas de grupos paramilitares de ninguna manera podrán prestar sus servicios a movimientos y partidos políticos, organizaciones de víctimas, campesinas, sindicales y defensoras de derechos humanos.

8. Producción de material audiovisual dirigido a la visibilización y sensibilización de las víctimas del paramilitarismo.

9. Emprender políticas dirigidas a resaltar la labor y dignificar el trabajo que por años en el país han tenido sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes de sectores sociales, campesinos y estudiantiles; así como representantes políticos de la izquierda colombiana. También se debe resaltar y dignificar las reivindicaciones de éstos, reconociendo la justicia y la legitimidad de exigencias como el respeto a los derechos, la protección de los territorios, garantías laborales y las Zonas de Reserva Campesina, por solo mencionar algunas. Terminar con los procesos de estigmatización y señalamiento y con los discursos de odio que hacia estos sectores.

Es necesaria normatividad que prohíba a funcionarios públicos hacer uso de un lenguaje ofensivo, violento o deshumanizador que pretenda difamar contra un individuo o grupo por su condición política, religiosa o de género, teniendo como agravante que dichas manifestaciones tengan lugar en escenarios públicos o utilizando amplia difusión.

10. Uno de los mayores discursos que ha legitimado el actuar paramilitar es la llamada Doctrina Militar de Seguridad Nacional que ha involucrado a las comunidades como parte orgánica de los actores armados, señalándolas como una fracción del “enemigo interno”, legitimando la violencia en contra de estos sectores. En esa medida es importante:

—Eliminar la actual doctrina militar de seguridad nacional y cambiarla por una doctrina que se base en la subordinación a los principios constitucionales y en la protección de la vida y las garantías de la ciudadanía para el pleno ejercicio de los derechos humanos y no en su estigmatización.

—Hacer una definición y separación clara de las funciones del Ejército Nacional, quien debe encargarse de ser garante de la soberanía nacional entendida como integridad territorial. Por otra parte la Policía se debe encargar de la guarda de derechos y la seguridad ciudadana.

—Despolitización de las tropas y en particular de posturas ideológicas como la doctrina del enemigo interno y el anticomunismo.

—Teniendo en cuenta que en este momento se encuentran activos en el servicio militar y policial uniformados vinculados en investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos y por tener vínculos con grupos paramilitares, es urgente que se disponga de un mecanismo que permita la depuración de la Fuerza Pública como garantía de no repetición.

—Reducción de las tropas. No es necesario un Ejército de las dimensiones que tiene actualmente, por lo que es preciso disminuir el número de hombres vinculados a dicha institución.

—Es preciso reducir el presupuesto dirigido al Ejército y redistribuir estos recursos en proyectos y en políticas públicas.

—El servicio militar no puede ser obligatorio. En su lugar se deben crear alternativas de trabajo social o comunitario para los jóvenes, para no seguir reproduciendo lógicas de guerra.

Organizaciones convocantes: Coordinación Agrominera del Noroccidente y Magdalena Medio Colombiano, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente Colombiano (DHOC), Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Representante a la cámara Alirio Uribe Muñoz y Senador de la República Iván Cepeda Castro.

Organizaciones participantes: Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano (Pupsoc), Corporación Regional para la defensa de los Derechos Humanos (Credhos), Caguán Vive, Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes (Reddhfic), Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), Mesa de Unidad Cívico Agrario y Popular del Oriente Colombiano (Mucapoc), Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Asociación Campesina de San José de Apartado (Acasa), Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas), Red de Derechos Humanos del Putumayo, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) y Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).

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