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Venezuela y el caso paraguayo: rasgos de dos operaciones negras

La situación en Tumeremo podría tener un condimento paramilitar, según Maduro

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Las operaciones de bandera falsa son usadas como táctica militar (y terrorista) que constituye un hecho estremecedor, concreto, en el que se saldan muchas víctimas, el cual en algunos casos, es promovido, planificado y financiado por grupos de poder para inculpar a otros por el acontecimiento en post de un objetivo político específico. En Misión Verdad se publicó un manual mínimo para identificar este tipo de operaciones, como también una investigación precisa sobre cómo se articulan los frentes, los operadores, los medios y los actores políticos internos y externos en los precedentes más inmediatos de intentos y golpes consumados desde los parlamentos de la región.

El caso de la masacre de Curuguaty, en Paraguay (2012), es paradigmático, puesto que sirvió como punta de lanza para enjuiciar, primero mediáticamente y luego jurídica y políticamente, al ex presidente paraguayo Fernando Lugo por “mal desempeño de funciones”. La consolidación de este expediente criminal de veloz ejecución y de rápida propagación mediática internacional, que terminó teniendo en el Parlamento y en el poder judicial paraguayo su principal caja de resonancia, devela su condición de formato político para cambiar la situación interna y externa de un país, para a partir de allí agredir sus puntos débiles.

El suceso, núcleo de la operación de bandera falsa

La masacre, aún investigada por el Ministerio Público de Paraguay, ocurrió así en el siguiente contexto:

  • Un grupo de “carperos”, término local para referirse a los campesinos sin tierra en Paraguay, ocupó unas tierras en litigio entre el ex senador del Partido Colorado Blas N. Ferreira (y su compañía Campos Morombí) y el Estado paraguayo, ubicadas en las inmediaciones de la finca Morumbí, en el distrito Curuguaty del departamento Canindeyú. La ocupación se efectuó para demandar la sanción de la reforma agraria prometida por Lugo.
  • El viernes 15 de junio de 2012 murieron 17 personas, en específico 11 campesinos y 6 policías, en un enfrentamiento entre estos dos bandos, según la versión de los medios. El cuerpo de seguridad había llegado al sitio para desalojar a los “carperos”.
  • “Los policías fueron emboscados”, “Llegaron sin armas para dialogar y fueron acribillados”, “Fue la guerrilla del EPP (Ejército Paraguayo de los Pobres) y sus cuadros preparados por las Farc”, fueron los titulares de la prensa paraguaya ligada a élites económicas y el Partido Colorado. El juicio mediático a Fernando Lugo, tanto por sus conexiones con el movimiento campesino como por sus funciones de jefe de Estado, fue la antesala que sirvió de argumento al Parlamento para la destitución “exprés” del entonces presidente.
  • A pesar de las posteriores investigaciones, en las que gana fuerza la hipótesis de francotiradores en el lugar de la masacre por sobre el “enfrentamiento entre facciones” manejada por la oligarquía mediática, no se ha esclarecido el acontecimiento, permitiendo para ese entonces que en medio de esa opacidad y confusión fabricada sobre el caso diera el largo aliento y la atmósfera mediática internacional que necesitaba el golpe parlamentario contra Lugo.
  • Toda la agenda de la mediocracia local y global fue activada en clara sincronía para respaldar este plan. En el plano internacional, hubo una institución que fue uno de los principales apoyos exteriores para minimizar el papel de Estados Unidos en el golpe: la Organización de Estados Americanos (OEA). Contraponiéndose a la condena de la Unasur y el Mercosur del golpe parlamentario, la misión del Consejo Permanente encabezada por el ex secretario general de la OEA, Miguel Insulza, e integrada por comitivas de Haití, Canadá, México y Honduras, avaló la maniobra golpista y legitimó al gobierno de transición de Federico Franco, previo al golpe, Vicepresidente de la república.

Del formato al hecho hay mucho trecho

Dentro del formato paraguayo basado en la “masacre de Curuguaty” se desprenden tres grandes rasgos políticos y mediáticos que se vislumbran con la situación en Tumeremo, sin que esto niegue otras comparaciones del mismo calibre como, por ejemplo, el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

Un hecho mediático conmocionante en primer lugar, intoxicado y exacerbado por todos los medios nacionales y replicado con fuerza por la mediocracia internacional, con el objetivo de armar una fuerte percepción negativa contra el Estado venezolano que alinee a todos los actores políticos internos y externos en un solo foco de desestabilización política. Que esa “conmoción” alimentada por estos aparatos de propaganda se deslice hacia la Asamblea Nacional y que desde ahí el expediente se proyecte a organismos multilaterales y lobbys políticos que actúan contra Venezuela (la OEA y la Unión Europea).

Presionar nacional e internacionalmente por estas vías a las instancias judiciales (el TSJ) para que el expediente culmine en juicios y linchamientos políticos a altas autoridades del Estado, siempre buscando la destitución del presidente, que en la lógica de la guerra mediática y las operaciones psicológicas es simplificado como el responsable directo de todo lo que sucede y más aún tratándose de una supuesta “masacre”.

En medio del despliegue en la zona de personalidades del alto gobierno como el Defensor del Pueblo Tarek William Saab, el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, así como de fiscales del Ministerio Público, el presidente Nicolás Maduro abrió la hipótesis de que grupos paramilitares estarían involucrados en lo sucedido en Tumeremo, avizorándolo como una reacción de estos grupos ante la instalación del Arco Minero y los planes que desde esa política de Estado plantean la regularización de la situación minera en Guayana.

Del formato al hecho hay mucho trecho. La Asamblea Nacional a esta hora demuestra su condición de caja de resonancia y de gestor político de operaciones de alta intensidad mediática que intentan acompasar con sus desesperos por salir por cualquier vía del presidente Maduro.

Misión Verdad

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