El caso Nisman, en clave de "golpe blando" contra Argentina

Declaración de la Asociación Argentina de Juristas sobre la muerte del fiscal Nisman y la situación argentina

La Asociación Argentina de Juristas, Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización no gubernamental con estatuto consultivo en la ONU, entre cuyos objetivos se encuentran la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del estado democrático y social de derecho, expresa su profunda preocupación por la súbita aparición en nuestro país de un conjunto de hechos típicos de los procesos de desestabilización institucional.

Su característica enmarca a la perfección en la nueva metodología de los llamados «golpes blandos» contra los gobiernos que no se someten al dominio imperial y promueven la integración regional de América Latina y el Caribe, a través del Mercosur, la Unasur, la Celac y el ALBA. Se trata de construir en el imaginario social la imputación de responsabilidad en hechos repudiables de la presidenta de la República, sus funcionarios de mayor jerarquía, y de los sectores del partido de gobierno más avanzados en su discurso.

Los encargados de ejecutar el plan son los medios de comunicación hegemónicos, un sector predominante del aparato de la administración de justicia y políticos de oposición ávidos de sacar ventaja para la próxima contienda electoral.

Todos esos elementos se verifican en este momento, con el agregado de la inescrupulosa intención -expuesta abierta o sibilinamente- de responsabilizar al gobierno de la lamentable muerte del fiscal Nisman. La imputación a la presidenta y al canciller Timerman del propósito de levantar el alerta roja de Interpol sobre los acusados iraníes está desmentida abrumadoramente con las declaraciones del secretario ejecutivo de Interpol y, sobre todo, con el propio memorándum firmado con Irán y los hechos posteriores al mismo. No hay delito de encubrimiento, ni siquiera en grado de tentativa. Nisman no podía ignorarlo.

Ello explica que se fuera de vacaciones a Europa, teniendo en su poder las escuchas telefónicas, la única base de su denuncia. Su precipitado regreso debe responder a alguna convocatoria, que no pudiese desobedecer. No cabe duda alguna de que su muerte, sea suicidio o asesinato, está entrelazada con su “denuncia”, y le otorga el dramatismo necesario para diluir la falta de sustento fáctico y jurídico de esa presentación -que incluso genera dudas sobre su autoría- y en cualquier caso no ameritaba ninguna urgencia.

Probablemente determinó su propio destino, porque si la denuncia se desinflaba, la existencia de Nisman resultaba un estorbo para los planes de sus “amigos” desplazados de la Secretaria de Inteligencia, y sus conexiones con otros servicios extranjeros, con los cuales está plenamente acreditado tenía una estrecha relación de años, y consideraron que el clima internacional generado por el atentado terrorista de París era el momento adecuado para esa denuncia.

Para comprender más cabalmente la situación es preciso señalar otros elementos producidos en los días previos a la denuncia de Nisman:

1. la actuación de la cúpula de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional como punta de lanza de la campaña desestabilizante, que interpuso un amparo para invalidar la correcta designación efectuada por la procuradora general de la Nación de 16 fiscales para cumplir con la ley que modificó el Código Procesal Penal.

2. la denuncia penal infundada de dos ignotas ONG contra la presidenta de la Nación por los acuerdos firmados con China, cuyo único propósito es generar una efímera publicidad, contributiva a la generación del clima antigubernamental.

Y en los días posteriores aparece una denuncia del fiscal Germán Moldes, en la que involucra en encubrimiento de un presunto delito de lavado a la presidenta y al director de la AFIP, y un comunicado firmado por el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, afirmando que «el contexto de extrema tensión y hostilidad que algunos legisladores oficialistas y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional han generado en derredor de la investigación del fiscal, resulta repugnante al respeto y sometimiento a la labor de la justicia que debe observar cualquier persona y, más aun, los funcionarios públicos» … “la muerte del fiscal Nisman resulta en sí un hecho portador de extrema gravedad institucional, cuyas implicancias -que se proyectan en el ámbito internacional- requieren el pronto y eficiente esclarecimiento de su desaparición física».

La “proyección internacional”, o más bien, la conjura internacional, y desde dónde se dirige, se expresa claramente a través de editoriales de los medios de prensa de EEUU. El más medido, New York Times, hace un llamado para que se instituya una «investigación internacional» a cargo de juristas sobre el atentado de la AMIA, a la vez que llama la atención sobre la «sospechosa muerte» del fiscal Alberto Nisman.

El conservador The Washington Times dice que EEUU y Europa deben sancionar al país por el «asesinato de Alberto Nisman», «La Argentina ha sufrido un proceso de chavización bajo la presidencia de Kirchner y se está convirtiendo en un régimen autoritario”. Afirma que “Nisman tenía fuertes conexiones en los Estados Unidos… fue un héroe, un hombre de gran valor en un país donde reina la impunidad», y reclama que “las naciones occidentales deben sancionar y aislar a los líderes argentinos»… “Los Estados Unidos deben suspender las visas a los miembros del gobierno argentino (así como otros gobiernos de América Latina, principalmente de países del ALBA y Brasil) y sus instituciones de seguridad como un medio para ejercer presión sobre el gobierno argentino».

Una lectura sistemática de los grandes medios de prensa no deja dudas sobre el riesgo para la democracia y sus instituciones que afrontamos. A mero título ejemplificativo veamos la nota de Rogelio Alaniz, del día de la fecha en la pág. 33 del diario “La Nación”, bajo el título “Del crimen político al Estado mafioso”, en tipo de letra del mayor tamaño de ese medio, con subtítulos del tipo “Este gobierno no sólo no ha controlado a sus perros, sino que les ha enseñado a morder”, y en un texto que imputa directamente al gobierno del asesinato de Nisman, comparando a la presidenta argentina con Anastasio Somoza y Benito Mussolini. Y termina con un llamado:

“Algo debemos hacer como ciudadanos, antes que a la indignación que hoy nos domina le suceda el miedo paralizante y antes que la hora de la democracia sea desplazada por el tiempo de los gánsteres”.

Por tanto, la Asociación Argentina de Juristas reclama:

1. una profunda investigación de la muerte del fiscal Nisman, y agotar los esfuerzos para encauzar la investigación del atentado a la AMIA, y el juicio y castigo para los responsables materiales e intelectuales del atentado a la AMIA, de su encubrimiento y del desvío de la causa.

2. terminar con el manejo y condicionamiento de jueces y fiscales por el Servicio de Inteligencia, eliminar los reductos y las prácticas mafiosas, determinar y denunciarse de cara a la sociedad a qué intereses responden esos «grupos” y quienes los integran, y sobre todo, esencialmente, impedir que en el desempeño de sus funcionarios, la Secretaria de Inteligencia del Estado se encuentre subordinada a servicios de inteligencia de otros países, convirtiendo el terreno de nuestra seguridad interior en el campo de batalla de los intereses de potencias extranjeras, poniendo en zozobra la vida y la tranquilidad de todos quienes habitamos el suelo argentino, y violando el principio de soberanía, base sobre la cual se sustentan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos los pueblos.

Debe investigarse, apartarse y juzgarse hasta el último eslabón de estos enclaves mercenarios al servicio de oscuros intereses extranjeros.

En esta tarea deben estar comprometidos los tres poderes del Estado, conjuntamente con todos los actores políticos, institucionales y sociales, que deben definirse, anteponiendo los intereses nacionales a cualquier rédito partidario; para que nunca más pretenda definirse los destinos de nuestro país mediante asesinatos y operaciones que alteran la convivencia de nuestro pueblo, y su aspiración del respeto pleno de su voluntad popular, expresada a través de elecciones libres y democráticas.

Eugenio Raul Zaffaroni – Presidente AAJ, Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas
Claudia V. Rocca -Vicepresidenta AAJ, Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas
María G. de Diaz De Guijarro – Secretaria General AAJ, Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de enero de 2015