Crisis carcelaria: Medidas de nuevo ministro son insuficientes
Las vías de hecho vuelven a tomar vigencia y credibilidad dentro del actual panorama de inestabilidad carcelaria
El nuevo ministro de Justicia, Jorge Londoño.
Corporación Solidaridad Jurídica
El pasado 3 de abril los reclusos de la Cárcel de Doña Juana (Caldas) se lanzaron nuevamente a la lucha para exigir sus derechos, denunciar la aberrante negligencia médica y visibilizar la constante violación a los derechos humanos que se vive dentro del sistema penitenciario colombiano. En varias cárceles del país se rumora el inicio de una huelga generalizada para contrarrestar, por medio de la lucha, el abandono institucional y la apatía mediática que encubre la siniestra problemática.
El 5 de mayo el ministro de Justicia, Jorge Londoño, decretó nuevamente la emergencia carcelaria por la crisis en salud; las medidas anunciadas por el ente son las ya famosas e inoperantes brigadas de salud, la “modificación del manual del Inpec para que profesionales de salud que son actualmente funcionarios de áreas administrativas puedan realizar funciones asistenciales” y la dotación de las áreas de sanidad. Soluciones insignificantes que se repiten una y otra vez sin tener efecto alguno sobre la población carcelaria que vive en carne propia los vejámenes del sistema. Esto sin tener en cuenta el grave problema de la mala alimentación, hacinamiento, corrupción, agua potable, educación, violación de derechos humanos y la ineficacia de las oficinas jurídicas.
El 10 de mayo, tan solo cinco días después de que se anunciara la emergencia carcelaria, falleció el prisionero político Francisco Luis Correa Gallego en la cárcel Modelo de Bogotá. El prisionero venía padeciendo de “Guillain Barré” y debido a una grave intoxicación, su estado de salud empeoró drásticamente en tan solo una semana. Luego de ser trasladado en dos ocasiones al centro de sanidad del establecimiento, lo único que se le brindó fue acetaminofén. Francisco perdió el conocimiento y la movilidad. El día 6 de mayo fue remitido a la Clínica de los Fundadores donde finalmente falleció en la soledad y la desidia gubernamental.
A esta cruda realidad se suma la muerte del prisionero Pablo Antonio Medina Soriano, en la cárcel de Cúcuta, quien luego de afrontar cuatro años una penosa enfermedad en total abandono médico, falleció la semana pasada en lamentables condiciones.
A esta problemática se suma la constante violación por parte de la guardia de custodia y vigilancia que arremete de manera indiscriminada contra los reclusos de toda índole. En cárceles como la de Arauca, Palo Gordo, en Santander, Cúcuta y la Picota de Bogotá, por nombrar solo algunas de ellas, el Inpec ha recurrido a los atropellos permanentes, las golpizas, los traslados y las humillaciones contra los prisioneros que justamente se organizan para denunciar y hacer valer los derechos que diariamente les son arrebatados.
Con un índice de hacinamiento del 54.9%, es verdaderamente alarmante la situación actual del sistema penitenciario colombiano, el cual no requiere de más decretos ni emergencias carcelarias. Urge de manera inminente una política criminal acorde y coherente a las necesidades sociales, económicas y políticas de nuestro país y una alternatividad penal concreta que permita el deshacinamiento de un sistema donde el 36% de la población reclusa es sindicada.
El problema del sistema penitenciario colombiano es un problema estructural y no meramente una falencia institucional, por lo tanto no debe ser analizado como un simple problema de cupos y falta de personal.
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