“En la mesa no caben presiones, imposiciones ni ultimátums”

En entrevista con el delegado de las FARC-EP Carlos Antonio Lozada dice que esa guerrilla llegó a la mesa de negociación convencida de encontrar una salida dialogada a un conflicto de carácter político y socioeconómico, pero el gobierno Santos sigue pensando en una salida militar.

Carlos Antonio Lozada, miembro del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, asumió hace pocos meses un importante papel en la Delegación de Paz de La Habana, en particular en las subcomisiones sobre el fin del conflicto y desminado humanitario, fundamentales para disminuir la intensidad del conflicto y allanar el camino hacia la paz estable y duradera.

A Lozada lo mataron en titulares de prensa. Algunos medios y militares alcanzaron a celebrarlo, pero no fue así, está vivito y coleando como protagonista de la construcción de un acuerdo para la paz con democracia y justicia social.

Hace algunas semanas estuvo en Colombia, explicando a la guerrillerada del Bloque Oriental los alcances y dificultades del proceso y el especial significado que tiene el acuerdo pactado sobre el desminado humanitario. Otro de los tantos gestos de paz de la insurgencia.

VOZ entrevistó al comandante guerrillero después de la masacre de sus compañeros en Guapi (Cauca), aunque no se conocía en ese momento que entre los caídos estaba Jairo Martínez, quien se había desempeñado en La Habana como miembro de la Delegación de Paz y se encontraba en Guapi haciendo pedagogía de paz, actividad política que las FARC-EP le encarga a varios cuadros de su organización. Martínez, por muchos años miembro del Estado Mayor del Bloque Sur, era conocido por el papel que desempeñó en la zona de distensión del Caguán y en las posteriores liberaciones humanitarias.

Carlos Antonio Lozada se pregunta: ¿Qué sentido tiene seguir provocando muerte, dolor y sufrimiento entre hermanos? Para advertir que el camino es el del cese bilateral de fuegos en la búsqueda de la paz definitiva.

La suspensión del cese unilateral de fuegos

–¿Por qué suspendieron el cese unilateral de fuegos si el Gobierno Nacional dice que están dialogando en medio de la guerra?

–La masacre de Guapi, en el departamento de Cauca, donde mueren 27 guerrilleros, es un hecho demostrativo del uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado colombiano. Ante una situación de esta naturaleza no teníamos otra alternativa que levantar nuestra decisión de cese al fuego unilateral e indefinido. Dialogar en medio del conflicto ha sido la terca decisión del Gobierno.

Las FARC-EP, desde el inicio del proceso, han insistido en la necesidad de un cese al fuego bilateral. Para nosotros es una cuestión de principios, de humanismo. Si llegamos a la mesa convencidos de que este conflicto, por su naturaleza política y socioeconómica, no tiene solución militar, entonces, ¿qué sentido tiene seguir provocando muerte, dolor y sufrimiento entre hermanos?

–Según el ministro Juan Fernando Cristo, las FARC-EP ya habían roto el cese unilateral de fuegos.

–La declaratoria del cese al fuego unilateral e indefinido fue un gesto esencialmente humanitario y esperábamos que esta decisión unilateral fuera correspondida de manera equivalente por parte del Gobierno; sin embargo, lo que se produjo fue un incremento de los operativos en las áreas, tal como lo denunciamos de manera reiterada en nuestros comunicados y fue documentado por el Frente Amplio por la Paz, en cumplimiento de su patriótica labor de seguimiento y verificación del cese al fuego. En ese contexto de acoso permanente a nuestras unidades es que se producen los hechos en la vereda Buenos Aires, en el Cauca, donde mueren 11 soldados y 20 más quedan heridos.

En el momento en que decretamos el cese al fuego unilateral dejamos claro ante el país que si nos atacaban nos veríamos obligados a responder. Esa es la realidad.

–Algunos medios de comunicación aseguran que es la guerrilla la que pone en peligro los diálogos de paz con la suspensión del cese unilateral.

–Si algo caracteriza a la mayoría de medios de comunicación colombianos es su falta de ética, su parcialidad al servicio de los intereses de los que se consideran dueños del país. No es sino revisar a quién pertenecen estos medios para comprender qué interés defienden y por qué presentan de manera sesgada las noticias y los análisis que hacen de las mismas. La información sobre el proceso de paz no es la excepción.

Quien pone en riesgo los diálogos de paz es el Gobierno con sus vacilaciones, su ambivalencia y falta de firmeza para asumir la defensa del proceso frente a sus enemigos. También los medios tienen una gran cuota de responsabilidad en el enrarecimiento del ambiente contra el proceso. Basta con analizar la forma en que presentan las noticias para comprender el papel que juegan azuzando los odios y la guerra.

Crisis y soluciones

–¿Siguen sentados en la mesa? ¿Hay una crisis en el proceso?

–Contrario de lo que pasa con el presidente Santos, en las FARC-EP no hay dudas acerca de que la salida política es la única alternativa que tenemos los colombianos para superar este conflicto. Pese a las dificultades, seguiremos insistiendo en encontrar caminos que nos lleven a detener la confrontación y encontrar el camino de la reconciliación de la familia colombiana. Este es un compromiso indeclinable para con nuestro pueblo, que es quien finalmente pone los muertos en esta guerra injusta que nos han impuesto.

–¿Las FARC-EP mantienen la propuesta del cese bilateral de fuegos?

–Sí, esa es otra bandera irrenunciable y los hechos nos están dando la razón. Todos los procesos de paz anteriores han fracasado por sucesos generados en el marco de la confrontación. Acordar un cese al fuego bilateral ya es la mejor manera de blindar el proceso; pero es además una necesidad ética, un compromiso moral ineludible para con los millones de compatriotas víctimas de este conflicto.

–¿Qué pasa con el Gobierno Nacional y el presidente Santos? ¿Concesiones al militarismo? ¿Están fatigados? Le incumplen a los electores que votaron por él para que adelante la paz y no la guerra.

–Son varios los factores que hay detrás de las vacilaciones del Gobierno.

En primer lugar, está su idea de una paz limitada a la desmovilización de la guerrilla, sin soluciones de fondo para los desajustes políticos, económicos y sociales que dieron origen al conflicto armado y lo han alimentado durante estos años.

Pero además, la clase dominante, incluyendo los sectores que en este momento le apuestan a la solución política, sigue creyendo en la posibilidad de la derrota militar de la guerrilla. De allí la arrogancia y el tono de amenaza con el que presentan lo que consideran victorias militares, que no son otra cosa que cobardes masacres de guerrilleros.

Por otro lado, tampoco renuncian al terrorismo estatal y paraestatal contra el movimiento popular, algo evidente en los continuos asesinatos de dirigentes sindicales y populares, de defensores de los derechos humanos; en las amenazas, la criminalización y penalización de la protesta social.

Pero está también el oportunismo de Santos que, cuando lo ha requerido, ha utilizado los diálogos para buscar respaldo y apoyo de los sectores mayoritarios que anhelan la paz, como lo hizo en su campaña reeleccionista, sin que esto se traduzca en hechos concretos en la mesa.

Todo lo anterior explica por qué el Gobierno no ha sabido asumir una posición decidida en defensa del proceso de paz frente a sus enemigos y por el contrario cada vez son mayores las concesiones a la ultraderecha guerrerista.

Defender los diálogos

–Para ustedes, ¿qué garantiza la continuidad del diálogo y llegar al punto de no retorno?

–Frente a las vacilaciones de Santos y las crecientes presiones del militarismo contra el proceso de paz, la única garantía de continuidad y consolidación definitiva del mismo es que los sectores mayoritarios que creen en la salida política al conflicto se movilicen en su defensa. La paz con justicia social para nuestro pueblo no será una dádiva de la oligarquía; tendremos que conquistarla en la más ardua batalla contra sus enemigos.

Aunque hemos avanzado en ese sentido, como lo evidenció la marcha del 9 de abril, es claro que aún no logra estructurarse un frente amplio que aglutine y movilice de manera decidida todas las fuerzas sociales y políticas que anhelan una paz con cambios democráticos, con soluciones a los más sentidos problemas económicos y sociales de las masas.

Allí hay un reto grande para quienes le apostamos a la solución incruenta del conflicto. No hay, no puede haber tarea más importante en este momento que la movilización y la lucha por la salida política. A esta tarea deben estar subordinadas las demás. Es necesario entender que si no logramos conquistar la paz, si nuevamente se imponen los que se nutren y viven de la guerra, no habrá espacios para la participación política con plenas garantías y derecho a ser gobierno para las propuestas alternativas que hoy emergen en Colombia. La paz con justicia social no será el producto de un acuerdo de la insurgencia con el Gobierno; será el resultado de la más amplia movilización y lucha de todos los sectores que creemos en un mañana mejor para nuestra patria.

La paz digna

–El Gobierno vuelve a plantear el tema del tiempo. ¿Paz exprés, tiempos fatales o tiempos razonables?

–Ese es un tema recurrente. Se equivoca nuevamente el presidente Santos si cree que con presión militar y política va a imponer en la mesa unos plazos que no consultan la realidad del problema que estamos tratando de resolver. Ese cuento manido de que al pueblo colombiano se le está acabando la paciencia, lo que esconde es una inaceptable amenaza. Así no vamos a avanzar; por el contrario, lo que se logra es entorpecer el normal desarrollo de las discusiones que nos deben llevar a encontrar consenso frente a los complejos temas que nos faltan por abordar.

–¿Qué significa la paz digna para las FARC-EP?

–El conflicto armado en Colombia no tiene vencedores ni vencidos. La Agenda, como un acuerdo entre partes iguales, es un documento que refleja y recoge esa realidad. Siendo así, en la mesa no caben presiones, imposiciones, ni mucho menos ultimátums.

De lo que se trata entonces es de consensuar unos mínimos, unos cambios de orden económico, político y social que sienten las bases para que sea posible la participación política abierta en igualdad de condiciones, con plenas garantías de seguridad y derecho a ser gobierno, de las fuerzas alternativas al régimen opresor que hoy existe en Colombia; y aquí nos referimos no solo a las fuerzas rebeldes alzadas en armas; esas mismas condiciones deben darse para todas las organizaciones sociales y políticas que luchan por abrir esos espacios dentro del estrecho marco del sistema actual.

En pocas palabras: Se trata de crear las condiciones para que los colombianos podamos resolver nuestras diferencias sin necesidad de recurrir a las armas, porque existen las garantías para hacerlo de otra manera.

Semanario Voz