Las relaciones entre EE.UU. y Latinoamérica en tiempos de militarismo, proteccionismo y pillaje
Las protestas, las huelgas y otras formas de rebeldía social están surgiendo en todo el continente. Sin duda, el imperio intensificará su apoyo a los movimientos derechistas
James Petras
Introducción
Uno de los aspectos más sorprendentes de las relaciones contemporáneas entre EE.UU. y Latinoamérica es la profunda divergencia que existe entre, por un lado, las esperanzas, las expectativas y la positiva imagen que de sí mismo ofrece el gobierno de Obama y, por el otro, las políticas, estrategias y prácticas que lleva a cabo en el mundo real. Muchos de los comentaristas estadounidenses y no pocos escritores latinoamericanos han decidido ignorar los rasgos más elementales de la política exterior de Washington para centrarse exclusivamente en su falsa retórica de “cambio” y “nuevo comienzo”.
Para comprender en su justa medida la política exterior estadounidense con respecto a Latinoamérica se necesita un análisis de los principales objetivos del gobierno de Obama, a saber, de las prioridades planetarias de la política imperial en estos tiempos de guerras múltiples y crisis generalizada.
Las tácticas y la estrategia estadounidenses con respecto a la región del continente situada al sur del río Bravo salen a la luz únicamente si se tienen en cuenta los recientes cambios históricos, económicos y políticos en Latinoamérica, así como los variables alineamientos políticos.
Una evaluación realista de la política de EE.UU. requiere que se vaya más allá de las declaraciones y de la “proyección del poder” de Washington para proceder a un análisis de sus actuales capacidades y de los recursos disponibles para llevar a cabo el programa de Obama en Latinoamérica. Con vistas a evaluar la política de Washington, se debe analizar su coherencia y su viabilidad a la luz de su diagnóstico político de Latinoamérica, lo cual ofrece una base para determinar la compatibilidad o el conflicto de intereses entre ambas regiones.
Surge entonces una cuestión básica: ¿De qué manera las políticas, los objetivos y los recursos disponibles del gobierno de Obama cuadran con las necesidades de desarrollo de los diferentes países latinoamericanos en estos tiempos de crisis económica global?
La respuesta a esta pregunta requiere que examinemos las políticas recientes y los alineamientos políticos en Latinoamérica. Sería absurdo sobrestimar o subestimar el grado de la “hegemonía” estadounidense o de la “autonomía” latinoamericana, sobre todo si se consideran los importantes cambios en las relaciones de poder que tuvieron lugar durante las dos últimas décadas y todavía siguen teniendo lugar hoy en día.
Las relaciones de Latinoamérica con EE.UU. están ampliamente influenciadas por los acontecimientos externos, entre ellos los conflictos de clase, que determinan la correlación de fuerzas políticas, y también por los acontecimientos externos, tales como la intervención estadounidense y su expansión externa y las condiciones de los mercados mundiales. Los cambios en las relaciones político-económicas de Latinoamérica se pueden dividir en períodos distintos, que ofrecen una visión general de su grado relativo de hegemonía y autonomía con respecto al imperio.
Los cambiantes contornos de las relaciones entre EE.UU. y Latinoamérica (1990-2009)
Cualquier “análisis general” de las relaciones entre EE.UU. y Latinoamérica está sujeto a excepciones y variaciones según sean las experiencias particulares de los países, incluso si existen “tendencias dominantes” en la región.
Las primeras dos décadas, desde 1980 a 2000, establecen ciertos parámetros para políticas recientes, en particular los conflictos y las divergencias de interés.
El período desde 1980 a 1999 fue definido por Washington y Wall Street como la “Edad de oro” de las relaciones entre EE.UU. y Latinoamérica. Los regímenes aceptaron y promocionaron la hegemonía estadounidense, de acuerdo con los términos dictados por el FMI, el Consenso de Washington y el modelo de acumulación capitalista.
Esto incluía la eliminación de las barreras arancelarias, la privatización de compañías públicas (entre ellas bancos, pozos petrolíferos, minas, fábricas y compañías de telecomunicaciones) y su posterior desnacionalización o transferencia a corporaciones multinacionales estadounidenses y europeas.
Tanto EE.UU. como la Unión Europea se apoderaron de esas compañías públicas a precios y condiciones excepcionalmente favorables, lo cual condujo a la transferencia masiva de los beneficios, los intereses y los pagos en concepto de alquiler a las multinacionales, lo que les proporcionó una amplia influencia sobre el sistema financiero y crediticio, así como el acceso a los ahorros locales en los países latinoamericanos.
En el ámbito político, tales países aceptaron y promovieron la ideología estadounidense del libre mercado, conocida como neoliberalismo, y apoyaron la intervención diplomática y política del imperio en la región, así como en otras partes del planeta.
El saqueo de los tesoros públicos y de los ahorros privados por parte de las multinacionales y la concentración resultante de la riqueza y del poder político polarizaron la sociedad y precipitaron grandes crisis políticas y económicas, lo cual condujo a levantamientos populares en la mayor parte de la región entre los años 2000 y 2004. Latinoamérica fue testigo de la sustitución de varios gobiernos clientelistas de EE.UU., de un cuestionamiento generalizado de la ideología del libre mercado y de un creciente potencial de cambios estructurales radicales.
Como consecuencia de la nueva relación de fuerzas, el poder político estadounidense disminuyó y su influencia se vio ampliamente limitada a las elites políticas y económicas situadas en los márgenes del gobierno, asediado por movimientos activos y electorados desafectos.
El “tercer período” fue testigo de “regímenes inhibidos”, que respondieron a las exigencias populistas y a las críticas del neoliberalismo (estructuras y políticas económicas centradas en el Imperio), pero sin eliminar ninguno de los impopulares legados estructurales y de la propiedad impuestos por los gobiernos clientelistas anteriores.
El auge y la consolidación de un amplio abanico de “gobiernos de centro izquierda”, altamente diferenciados, se benefició de las condiciones económicas mundiales, en especial de los elevados precios de los bienes de consumo, que facilitaron programas de bienestar social y la recuperación económica, así como el “declive” relativo del poder político estadounidense. Este declive se intensificó a causa de la implicación de Washington en una serie de guerras prolongadas en Oriente Próximo y en el sudeste asiático, así como de su “guerra global contra el terror”.
El “tercer período” se caracterizó por un aumento de la relativa autonomía de Latinoamérica, ayudado por enormes e imprevistos beneficios debidos a precios excepcionales y a mercados asiáticos en expansión, así como a las iniciativas político-económicas regionales del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela.
El final del boom de los bienes de consumo y el inicio de una depresión de ámbito mundial marca el comienzo del cuarto período. Dos fenómenos contradictorios impactaron las relaciones entre EE.UU. y Latinoamérica. Dado que la primera era el epicentro de la crisis económica mundial y sus instituciones financieras y de inversión se volvieron insolventes, la financiación y la inversión desaparecieron o fueron repatriadas, lo cual debilitó la presencia estadounidense en Latinoamérica y su influencia económica en la región con grandes reservas extranjeras.
En segundo lugar, el incremento de las fuerzas militares estadounidenses en otras regiones (Oriente Próximo / Asia / Europa del Este) disminuyó su capacidad de intervención militar en Latinoamérica.
Mientras que los acontecimientos de la situación económica y militar mundial ofrecieron oportunidades para ejercer una mayor autonomía latinoamericana, el declive en los mercados de la exportación, la contracción de los mercados del crédito y de los ingresos en concepto de capital extranjero sacaron a la luz la vulnerabilidad de los regímenes de “centro izquierda”, muy dependientes de las “estrategias de exportación”.
Los rasgos contradictorios del “cuarto período” dieron forma al marco actual de las relaciones contemporáneas entre EE.UU. y Latinoamérica y definen algunos de las cuestiones clave a las que se enfrentan los dirigentes latinoamericanos y el gobierno del presidente Obama.
Aumento del militarismo, proteccionismo financiero y disminución del comercio
Las políticas de Obama en Latinoamérica están negativamente presididas por estas tres prioridades. En política exterior, el nuevo presidente prosigue los designios militares imperiales de sus predecesores. Contrariamente a las esperanzas de paz de muchos de sus defensores progresistas e izquierdistas, Obama se ha rodeado de militaristas comprometidos, de sionistas y de fríos señores de la guerra.
Las principales diferencias entre Bush y Obama estriban en el lenguaje diplomático que acompaña al designio imperial y en el alcance y la profundidad de la actividad militar. Obama ha asumido una retórica de “reconciliación”, “negociación” y “cambio”, muy distinta de la abiertamente belicosa y confrontacional de Bush, pero ello no le ha impedido acelerar y extender las actividades militares más allá de las de Bush.
Un análisis sistemático de las políticas de Obama revela su insistencia primordial en proyectar el poderío militar como instrumento principal para el mantenimiento del imperio en todo el mundo.
Sudeste asiático
Obama ha incrementado en más del 40% las unidades militares de EE.UU. en Afganistán al añadir 21 mil soldados a los 38 mil ya existentes; además, ha intensificado la financiación para duplicar los efectivos del ejército y de la Policía afganos –ambos mercenarios–, que ahora sobrepasan los 200 mil. Washington ha extendido el escenario de la guerra en Pakistán, ha aumentado sus bombardeos diarios en el valle de Swat y las operaciones fronterizas con comandos.
Obama ha extendido formalmente la guerra a zonas más profundas del territorio de Pakistán y ha prolongado su influencia en los servicios de inteligencia de Pakistán.
A pesar de la intensa presión ejercida por Obama sobre la Unión Europea y sus aliados y clientes en todo el mundo, pocos han sido los países que le han prometido fuerzas de combate. Al igual que Bush, Obama intensifica unilateralmente la ofensiva militar y luego espera que sus aliados lo secunden.
El aparato militar y los servicios de inteligencia de Obama se han introducido todavía más en las instituciones paquistaníes con el claro propósito de deshacerse de oficiales nacionalistas y de seleccionar a funcionarios que repriman con más ahínco a las comunidades, las organizaciones y los líderes opuestos a la intervención estadounidense en Pakistán, Afganistán y Oriente Próximo.
Iraq
El contraste entre la retórica diplomática de retirada militar y la realidad de la escalada militar es más flagrante en el caso de Iraq. Obama ha prolongado el marco temporal de la ocupación y ha multiplicado los fondos para bases permanentes y sus correspondientes infraestructuras. Su estrategia militar prevé un gran ejército y policías iraquíes mercenarios para controlar a la población y reprimir cualquier resistencia nacionalista. Obama duplicará el número de mercenarios iraquíes en todo el país bajo el mandato del Pentágono.
Irán
La política más sorprendente que Obama ha adoptado contra Irán es la añadidura de nuevas sanciones todavía más severas al vigente embargo económico. Sigue amenazando a Irán con un ataque militar preventivo, en total acuerdo con los planes de guerra desarrollados por los máximos funcionarios del Pentágono y propuestos por Bush. En consonancia con este ruido de sables, Obama se hizo con los servicios de dos de los más belicosos israelo-estadounidenses: Dennis Ross como emisario principal para Irán y Stuart Levey en el Tesoro para ocuparse de las imponentes sanciones económicas.
Washington está haciendo un gran esfuerzo diplomático para aislar a Irán por medio de negociaciones con Siria, Rusia y China. Ante tales hechos, el ofrecimiento retórico de una “nueva política” a Irán es pura propaganda. Las fuerzas aéreas y navales de EE.UU. junto a las costas de Irán continúan amenazando a Teherán con un bloqueo o incluso con ataques aéreos y navales masivos. Obama sigue financiando y entrenando a grupos terroristas para que se infiltren en Irán a partir de sus bases en Iraq y Pakistán y ataquen las dependencias y al personal del gobierno iraní.
Las amenazas militares israelíes contra Irán se realizan probablemente con las nuevas tecnologías estadounidenses, entre ellas el más avanzado sistema antimisiles y las bombas de destrozabúnkeres, diseñadas para destruir las instalaciones subterráneas del gobierno iraní.
Palestina / sur del Líbano / Siria
La política militar de Obama queda en evidencia por su apoyo incondicional a la agresión homicida israelí en Gaza, a los asesinatos selectivos de activistas palestinos en Cisjordania y a las amenazas contra Hezbolá.
El gobierno de Obama, con las dos cámaras del Congreso, ha apoyado todas las acciones de guerra de Israel, incluido el brutal bloqueo económico de Gaza y el desalojo sistemático de residentes palestinos en Cisjordania y la Jerusalén Este ocupada. Obama se ha rodeado de prominentes sionistas pro israelíes, que impiden cualquier cambio en los fuertes vínculos militares de Washington con el militarista gobierno de extrema derecha de Netanyahu / Lieberman.
África Oriental
Obama sigue aplicando una política de confrontación con el Sudán musulmán mediante la financiación de los separatistas en el sur de Darfur; también ha llevado a cabo recientemente un ataque aéreo contra un convoy militar sudanés. Tras su fallida intervención militar en Somalia junto a su cómplice etíope, Washington ha optado por una nueva coalición clientelista somalí apoyada por mercenarios africanos de Uganda.
Rusia / Europa del Este
Bajo el liderazgo de Obama, el provocador cerco militar a Rusia continúa por medio del reclutamiento de nuevos “miembros” clientes de la OTAN entre las ex repúblicas soviéticas, así como la construcción de bases frente las fronteras rusas. Obama combina un doble discurso de reconciliación diplomática mientras que, al mismo tiempo, construye nuevas bases militares, depósitos de misiles y puestos avanzados de radar desde Polonia hacia el sur, en dirección a Ucrania y Georgia.
Las “aperturas diplomáticas” de Washington con respecto a Rusia se deben a sus necesidad logísticas en Iraq, Afganistán y Pakistán y, sobre todo, a sus preparativos de guerra contra Irán. Obama está exigiendo que Rusia aporte apoyo logístico a la guerra y ocupación afgano-paquistaní de la OTAN y, al mismo tiempo, exige que Rusia cancele su venta de misiles avanzados y su acuerdo de contrato de centrales nucleares con Irán, todo ello a cambio de la “buena voluntad” estadounidense…
China
Incluso si Obama es muy consciente de que el déficit estadounidense depende de la continua financiación de China, ha iniciado una confrontación naval de alto riesgo en las zonas económicas del litoral de China. Informes recientes del Pentágono sobre la preparación militar china están redactados con una chocante retórica de guerra fría, destinada a exagerar la “amenaza” china para el dominio estadounidense en Asia y su “falta de transparencia”. De nuevo, Obama utiliza el doble discurso de diplomacia amigable y agresivas políticas militaristas.
China se enfrenta a un cerco militar de EE.UU. a lo largo de un arco de bases que va desde Afganistán, Pakistán y Japón, hasta Corea del Sur, así como a una nueva doctrina militar que etiqueta a China de “amenaza” que debe ser “contenida” en Asia.
La política latinoamericana de Obama
Para poder descifrar el contenido real de la política de Obama con respecto a Latinoamérica es preciso observar sus prioridades de política exterior, su reparto de los recursos financieros y sus compromisos de política pública, así como hacer caso omiso de su insignificante retórica diplomática. La primera declaración importante, de acuerdo con sus políticas militares mundiales, fue la militarización de la frontera con México, que recibió una asignación de casi 500 millones de dólares en ayuda militar para el derechista Calderón.
La política de la Casa Blanca con respecto al problema del narcotráfico y la violencia en México y Colombia es de orden militar e ignora sus raíces socioeconómicas estructurales:
Millones de jóvenes campesinos y pequeños agricultores mexicanos han sido conducidos a la quiebra, el desempleo y la pobreza a causa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), lo cual ha creado una enorme bolsa de posibles traficantes.
La expulsión de cientos de miles de trabajadores mexicanos inmigrantes y las nuevas fronteras militarizadas han cerrado la puerta de salida con la que contaban los campesinos mexicanos para huir de la miseria y el crimen. Contrariamente a lo sucedido en la Unión Europea, que entregó miles de millones a los países menos competitivos en el momento de su incorporación, como España, Grecia, Portugal y Polonia, Washington no ha puesto a la disposición de México ningunos fondos compensatorios para que incremente su competitividad productiva y cree empleo para su población.
El militarizado régimen colombiano, conocido por sus violaciones de los derechos humanos, es en la actualidad el mayor receptor de ayuda militar de EE.UU. en Latinoamérica. A través del Plan Colombia de contrainsurgencia, Bogotá ha recibido más de cinco mil millones de dólares, la tecnología militar más avanzada y miles de consejeros militares estadounidenses y mercenarios subcontratados. El apoyo de Obama al ultraderechista estado colombiano es su respuesta a los gobiernos populares y radicales elegidos democráticamente en Ecuador y Venezuela.
Las políticas de Obama con respecto a Latinoamérica son la continuación de las prioridades militares y de defensa del gobierno de Bush, incluidos el embargo económico de Cuba y su violenta hostilidad frente al nacionalismo venezolano. No hay ninguna nueva iniciativa económica. Más allá del apoyo retórico al libre comercio, Obama mantiene los cupos y los aranceles anteriores sobre importaciones más competitivas de Brasil y añade nuevas medidas proteccionistas contra camiones y camioneros mexicanos.
Incluso en estos tiempos de grave crisis económica nacional, la incesante continuación del crecimiento militar imperial constituye la base sobre la cual se asienta la relación de Washington con Latinoamérica. El enfoque militar con respecto a Latinoamérica se refleja en su ineptitud o falta de predisposición para asignar recursos económicos y subraya su preocupación por sostener a dos clientes muy importantes de EE.UU., Colombia y México, con programas de ayuda militar.
El escaso interés y todavía peor compromiso económico de la Casa Blanca con Latinoamérica son la prueba de que no la tiene entre sus prioridades. De hecho, está en quinto lugar después de la crisis económica, el Oriente Próximo y las guerras del sudeste asiático, la coordinación de las políticas económicas con la Unión Europea y las estrategias económicas y las relaciones militares con Rusia y China. Con tales prioridades sobre la mesa, Obama carece de tiempo, interés u ofertas programáticas para ayudar a Latinoamérica en su lucha contra la crisis económica.
En lo básico, Obama está siguiendo una triple estrategia: (1) conserva el apoyo de gobiernos derechistas (Colombia, México y Perú); (2) incrementa su influencia sobre gobiernos “centristas” (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay) y (3) aisla y quita fuerza a gobiernos izquierdistas y populistas (Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua).
Lo que más sorprende de la supuestamente “progresista” política latinoamericana de Obama es su continuidad con respecto al gobierno reaccionario de Bush en casi todas áreas estratégicas, entre las que se encuentran las siguientes:
(1) La misma baja prioridad de Latinoamérica en la política planetaria del Imperio;
(2) La insistencia en colaborar militarmente en la lucha contra las drogas (léase la “seguridad”) sin preocuparse de la pobreza socioeconómica ni de la puesta en marcha de programas de tratamiento de las toxicomanías;
(3) Su estrecha colaboración con los regímenes más derechistas de la región (México y Colombia);
(4) La continuación del embargo económico de Cuba, a pesar de haber perdido a sus últimos dos valedores latinoamericanos;
(5) El doble discurso de preconizar el libre mercado mientras que practica el proteccionismo;
(6) La financiación y reforzamiento del papel del FMI como instrumento de la expansión imperial;
(7) La política estadounidense de meter una cuña entre “gobiernos centristas” (Lula en Brasil, Fernández en Argentina, Vásquez en Uruguay y Bachelet en Chile) y “gobiernos nacionalistas de izquierda y centro” (Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador y Ortega en Nicaragua); y
(8) Su apoyo a las actividades separatistas de elites regionales que buscan la desestabilización de gobiernos de centro izquierda a partir de sus tradicionales bases de extrema derecha en Santa Cruz (Bolivia), Guayaquil (Ecuador) y Maracaibo (Venezuela).
En otras palabras, Obama ha adoptado el programa estratégico del gobierno de Bush, esencialmente intacto salvo por algunos cambios menores, forzados por la decadencia del poderío estadounidense. El Departamento de Estado utiliza un lenguaje diplomático menos polémico y ha buscado un claro acercamiento con regímenes centristas, como pudo observarse en las reuniones que tuvieron lugar en la Casa Blanca con el presidente de Lula da Silva (en marzo de 2009) y con el vicepresidente Biden en Chile (los días 27 y 28 de marzo de 2009).
El recurso de Obama al “guante de seda en una mano de hierro”, que no se acompaña de ninguna iniciativa económica y que continúa las políticas básicas de su predecesor, no le ha aportado nuevos aliados.
Sin embargo, hay una serie de “cambios” que dependen directa e indirectamente de la crisis financiera y del gigantesco déficit de EE.UU. y tienen un impacto muy negativo sobre la recuperación económica de Latinoamérica. Obama está absorbiendo la mayor parte del crédito del hemisferio para el rescate financiero en su país. Esta política hace muy difícil que los exportadores latinoamericanos financien sus ventas.
Además, Obama exige al sector financiero que amplíe sus reservas de capital y concentre su concesión de préstamos en el mercado nacional, lo cual ha llevado a que los bancos repatrien capital al país desde sus filiales latinoamericanas, a expensas de los prestatarios latinoamericanos, todo lo cual prolonga y hace más profunda la recesión en Latinoamérica.
Los cambios diplomáticos y retóricos y el apoyo al libre comercio de Obama tienen poca sustancia: la Casa Blanca continúa con su doble discurso de alabanzas al “libre comercio” mientras que apoya un nuevo y más virulento proteccionismo financiero. Además de los 20 mil millones de dólares en subsidios para las exportaciones agrícolas, los demócratas han favorecido las provisiones del “compre productos del país” en la política federal de adquisiciones y en los subsidios multimillonarios acordados a la industria del automóvil.
Latinoamérica se enfrenta una creciente oleada de proteccionismo en EE.UU. mientras que Obama reacciona frente a la crisis económica nacional forzando a Latinoamérica a que busque nuevos socios comerciales, a que proteja sus mercados internos y a que busque nuevas fuentes para el comercio y el crédito.
Honduras, el último ejemplo de la política estadounidense en Latinoamérica [1]
La [estrategia] por parte de Obama de hacer retroceder a regímenes electos críticos para imponer clientes acomodaticios encuentra otra expresión en el reciente golpe militar en Honduras. El uso del alto mando del ejército de Honduras y de los viejos vínculos de Washington con la oligarquía local, que controla el Congreso y el Tribunal Supremo, facilitó el proceso y obvió la necesidad de una intervención directa estadounidense, como fue el caso en otras recientes campañas golpistas.
A diferencia de Haití, donde hace sólo una década intervinieron los marines estadounidenses para derrocar al democráticamente elegido Bertrand Aristide y respaldaron abiertamente el fallido golpe contra el presidente Chávez en 2002 y, más recientemente, financiaron el chapucero golpe contra el presidente electo Evo Morales en septiembre de 2008, las circunstancias de la implicación estadounidense en Honduras fueron más discretas para posibilitar un “desmentido creíble”.
La “presencia estructural” y los motivos de EE.UU. en relación al derrocado presidente Zelaya son fácilmente identificables. Históricamente, Washington ha adiestrado y ha tratado con prácticamente todo el cuerpo de oficiales de Honduras y ha mantenido una profunda penetración en todos los altos niveles gracias a consultas diarias y a una planificación estratégica común.
A través de su base militar en Honduras los agentes de la inteligencia militar del Pentágono mantienen estrechos contactos, tanto para llevar a cabo las políticas como para seguir la pista de todos los movimientos políticos por parte de todos los actores políticos. Como Honduras está tan fuertemente militarizada, ha servido de importante base para la intervención militar estadounidense en la región: en 1954 se lanzó desde Honduras el golpe con éxito respaldado por EE.UU. contra el presidente guatemalteco elegido democráticamente.
En 1960 se lanzó desde Honduras la invasión del exilio cubano orquestada por Washington. Desde 1981 a 1989 el Imperio ha financiado y adiestrado a más de 20 mil mercenarios de la “contra” en Honduras, que integraban el ejército de escuadrones de la muerte para atacar al gobierno sandinista nicaragüense elegido democráticamente. Durante los primeros siete años del gobierno de Chávez los regímenes hondureños se aliaron incondicionalmente con Washington en contra del régimen popular de Caracas.
Es obvio que nunca ha habido o podría haber un golpe militar contra ningún régimen títere de Washington en Honduras. La clave del cambio de la política estadounidense con relación a Honduras se produjo en 2007-2008, cuando el presidente liberal Zelaya decidió mejorar las relaciones con Venezuela para asegurar el generoso subsidio de petróleo y la ayuda exterior de Caracas.
Posteriormente, Zelaya entró en Petrocaribe, una asociación del Caribe y Centroamérica organizada por Venezuela para suministrar petróleo y gas a largo plazo y bajo coste con el fin de satisfacer las necesidades de los países miembros. Más recientemente, Zelaya se unió al ALBA, una organización de integración regional patrocinada por el presidente Chávez para promocionar más intercambios comerciales e inversiones entre sus países miembros en oposición al pacto de libre mercado promovido por el Imperio, conocido como el ALCA.
Dado que Washington considera a Venezuela una amenaza y una alternativa a su hegemonía en Latinoamérica, el alineamiento de Zelaya con Chávez en cuestiones económicas y su postura crítica con respecto a la intervención estadounidense lo convirtieron en un objetivo probable de los planificadores de golpes yanquis deseosos de convertir a Zelaya en un ejemplo y preocupados por su acceso a las bases militares hondureñas, tradicional punto de lanzamiento de su intervención en la región.
Washington asumió equivocadamente que un golpe en una pequeña república ’bananera’ (de hecho, la república bananera original) en Centroamérica no provocaría ninguna protesta importante. Creyó que el retroceso centroamericano serviría de advertencia a otros regímenes con mentalidad independiente en la región del Caribe y Centroamérica de lo que les espera si se alinean con Venezuela.
La mecánica del golpe es bien conocida y pública: el ejército hondureño secuestró al presidente Zelaya y lo “exilió” a Costa Rica y los oligarcas nombraron “presidente” a uno de los suyos en el Congreso, mientras sus colegas de la Corte Suprema proporcionaban un falaz argumento legal.
Los gobiernos de Latinoamérica, desde la izquierda a la derecha, condenaron el golpe y reclamaron el restablecimiento del presidente legalmente elegido. El presidente Obama y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que no estaban dispuestos a renegar de sus clientes, condenaron la violencia sin más especificaciones y pidieron negociaciones entre los poderosos usurpadores y el debilitado presidente en el exilio, un claro reconocimiento del papel legítimo de los generales hondureños como interlocutores.
Una vez que la Asamblea General de Naciones Unidas condenó el golpe y que la Organización de Estados Americanos (OEA) exigió la restitución de Zelaya, Obama y la secretaria Clinton condenaron finalmente el derrocamiento de Zelaya, aunque se negaron a llamarlo “golpe”, lo cual, de acuerdo con la legislación de EE.UU., habría dado lugar automáticamente a una suspensión total de su paquete anual de ayuda militar y económica (80 millones de dólares) a Honduras.
Mientras que Zelaya se reunió con todos los jefes de estado latinoamericanos, el presidente Obama y la secretaria Clinton lo remitieron a un funcionario de rango menor a fin de no debilitar a sus aliados de la Junta de Honduras. Todos los países de la OEA retiraron a sus embajadores, salvo Washington, cuya embajada comenzó a negociar con la Junta para ver cómo se podría salvar la situación en la que ambos se encontraban cada vez más aislados, especialmente ante el hecho de la expulsión de Honduras de la OEA.
Que Zelaya regrese por fin a su puesto o que la Junta respaldada por Washington continúe en el cargo durante un periodo prolongado de tiempo, mientras Obama y Clinton sabotean su regreso inmediato a través de prolongadas negociaciones, la cuestión clave de la estrategia de retroceso promovida por el Iimperio ha sido extremadamente costosa desde el punto de vista diplomático y político.
El golpe en Honduras, respaldado por Washington, demuestra que, a diferencia de la década de los 80, cuando el presidente Ronald Reagan invadió Granada y el presidente George Bush (padre) invadió Panamá, la situación y el perfil político de Latinoamérica (y del resto del mundo) han cambiado drásticamente. Entonces, los militares y los regímenes pro yanquis de la región aprobaron en general las intervenciones de EE.UU. y colaboraron; algunos protestaron ligeramente.
Hoy en día, el centro izquierda, e incluso los regímenes electorales de la derecha, se oponen a los golpes militares en cualquier parte [porque los ven] como una amenaza potencial para su propio futuro.
Es igualmente importante que, habida cuenta de la grave crisis económica y del aumento de la polarización social, lo último que desean los correspondientes regímenes es un sangrante malestar interno estimulado por crudas intervenciones imperiales de Washington.
Por último, las clases capitalistas de los países latinoamericanos de centro izquierda quieren estabilidad, porque pueden cambiar el equilibrio de poder a través de las elecciones (como en los recientes casos de Panamá y Argentina) y los regímenes militares favorables al Imperio pueden alterar sus crecientes lazos comerciales con China, Oriente Próximo y Venezuela / Bolivia.
Latinoamérica frente a la crisis mundial
En toda Latinoamérica la crisis económica está haciendo estragos en la economía, el mercado laboral, el comercio, el crédito y la inversión. Los principales países de la región van camino del crecimiento negativo, con tasas de dos dígitos en el desempleo, incremento de la pobreza y protestas masivas.
En Brasil, a finales de marzo y principios de abril, una coalición de sindicatos, movimientos sociales urbanos y trabajadores del Movimiento de los Sin Tierra convocaron manifestaciones a gran escala, y en ellas participó la confederación sindical CUT, que generalmente suele aliarse con el Partido dos Trabalhadores de Lula.
Las tasas de desempleo en Brasil han aumentado bruscamente y ya sobrepasan el 10%, conforme aumentan los despidos en las industrias del automóvil y otros sectores metalúrgicos. En Argentina, Colombia, Perú y Ecuador, las huelgas y las manifestaciones han empezado a extenderse en protesta por el desempleo y el aumento de las quiebras entre exportadores, que se enfrentan al declive de la demanda mundial y a la imposible financiación.
Los países latinoamericanos más industrializados, cuyas economías están más integradas en los mercados mundiales y que han seguido una estrategia exportadora de crecimiento, son los más afectados por la crisis mundial. Esto incluye a Brasil, Argentina, Colombia y México. Además, los países que dependen de los envíos de divisas desde el extranjero y del turismo, como Ecuador, Centroamérica y los países del Caribe, e incluso México, con sus economías “abiertas”, son los más afectados por la recesión mundial.
Mientras que el colapso financiero estadounidense no tuvo un enorme impacto inmediato en Latinoamérica, en gran medida porque los anteriores colapsos financieros en Argentina, México, Ecuador y Chile habían llevado a sus gobiernos a imponer límites a la especulación, los resultados indirectos, sobre todo en lo relativo a la congelación del crédito y a la disminución del comercio mundial, han destruido sectores productivos. A mediados de 2009, las industrias manufactureras, la minería, los servicios y la agricultura, tanto en los sectores privado como público, estaban ya afectadas por la recesión.
La vulnerabilidad de Latinoamérica ante las crisis mundiales es el resultado directo de la estructura de producción y de las estrategias de desarrollo adoptadas en la zona. Tras la “reestructuración” neoliberal o supeditada al imperio de las economías, que tuvo lugar entre mediados de los años 70 y 90, el perfil económico de Latinoamérica se caracterizó por un débil sector estatal a causa de las privatizaciones en todos los sectores productivos clave.
La desnacionalización de los sectores estratégicos financiero, crediticio, comercial y minero aumentó la vulnerabilidad, y lo mismo sucedió en la muy concentrada propiedad de los ingresos y del inmobiliario, en manos de una pequeña elite nacional y extranjera. Estas características se vieron exacerbadas por el boom de los bienes primarios, que tuvo lugar desde principios de 2003 hasta mediados de 2008. El cambio de las políticas gubernamentales hacia una estrategia de exportación basada en materias primas sentó las bases de la catástrofe.
Como resultado de su estructura económica, Latinoamérica era enormemente vulnerable a la decisión de los políticos estadounidenses y europeos encargados de los sectores económicos clave. La desnacionalización negó al Estado las palancas necesarias para controlar la crisis mediante un cambio de dirección en la economía.
Los cambios estructurales impuestos por el Fondo Monetario Internacional / Banco Mundial y sus socios locales de la clase neoliberal gobernante “abrieron” los países al estallido de la crisis mundial a causa del desmantelamiento de las instituciones estatales que podrían haber protegido la economía o, al menos, evitado los peores efectos de la crisis.
La privatización llevó a la concentración de la renta, disminuyó la demanda local y aumentó la dependencia en los mercados de la exportación mientras que, al mismo tiempo, privaba al Estado de las palancas necesarias para controlar las inversiones y el ahorro, que podrían haber contrarrestado el declive de la entrada de capital extranjero y el colapso de sus mercados en el exterior.
La desnacionalización facilitó el flujo de capital, especialmente en el sector financiero, profundizó las crisis del crédito y afectó de forma adversa la balanza de pagos. La propiedad extranjera sometió a los países latinoamericanos a decisiones económicas estratégicas controladas por elites económicas del exterior, más preocupadas por los costos y beneficios de sus imperios económicos.
Por ejemplo, en Brasil, tanto el cierre de fábricas de automóviles pertenecientes a capital estadounidense como los despidos masivos de trabajadores se deben a los cálculos de los costos en el mercado mundial, algo totalmente ajeno a las necesidades del mercado laboral brasileño.
La “estrategia de la exportación” dependía de los subsidios estatales a la expansión de plantaciones agroalimentarias, que producían alimentos básicos para el mercado de la exportación, lo cual se hacía a expensas de pequeños agricultores, campesinos sin tierra y trabajadores rurales, y debilitaba el mercado interior como posible alternativa a los mercados exteriores en proceso de colapso, aumentando la dependencia de alimentos importados y afectando la seguridad de los alimentos.
Las estrategias de exportación dependen de que los costos laborales y los salarios sean bajos, lo cual debilita la demanda interior y hace que el empleo dependa de las fluctuaciones de la demanda exterior. La producción especializada en un vasto complejo de división internacional del trabajo es fundamental para cualquier compañía multinacional. Esto ha reducido de forma importante la diversificación nacional de la industria y la integración manufacturera, en las que todos los componentes de un producto se producen en el interior de una sola región geográfica.
Bajo la actual división del trabajo, un fabricante brasileño de frenos de automóviles depende por completo de la demanda exterior, determinada por la compañía multinacional. Las desventajas estratégicas de esta “especialización” en una cadena capitalista mundial de producción se han hecho evidentes en la crisis actual.
A pesar de estas profundas debilidades estructurales, heredadas de gobiernos anteriores, los actuales gobiernos de centro izquierda en Latinoamérica no están procediendo a ningún cambio estructural para disminuir su vulnerabilidad económica, con la única excepción parcial de la Venezuela chavista.
La cumbre de los gobiernos de la “tercera vía”, que tuvo lugar en marzo de 2009 (más los demócratas del tándem Obama-Biden y el gobierno del British Labor) se reunió en Santiago de Chile, donde cuidadosamente todos evitaron incluso mencionar las imperfectas estructuras internas que han dado lugar a la crisis económica y prometen profundizarla.
Las propuestas de consenso de los gobiernos de la “tercera vía” repitieron anacrónicamente los llamados a mayores flujos de capital, ajenos a la realidad de la crisis actual. Pidieron a Washington, a la Unión Europea y a Japón que resucitasen mercados colapsados y promovieran el comercio. De manera específica, la reunión instó a los dirigentes del G20 a que promuevan programas de estímulos y se comprometan contra el proteccionismo.
Pidieron a los gobiernos latinoamericanos que aumentasen el gasto y la liquidez para disminuir las tasas de interés, sostener las instituciones financieras y promover las exportaciones.
Los gobiernos de centro izquierda reunidos en Santiago no mencionaron ningún plan para aumentar la demanda interna mediante la intervención en el mercado laboral, impidiendo que los propietarios despidan a los trabajadores. No mencionaron ningún aumento del salario mínimo. Evitaron cualquier discusión sobre el aumento de la demanda en zonas rurales mediante reformas agrarias generadoras de salarios.
No consideraron el establecimiento de una industrialización que sustituya las importaciones financiadas con fondos públicos, la cual podría generar empleo para los trabajadores despedidos en los sectores de la exportación.
Frente al aumento de los precios de los alimentos, no se propusieron medidas de ayuda a las familias de renta baja ni a los desempleados y pensionistas con una renta fija. Las propuestas de los gobiernos de centro izquierda demostraron una enorme rigidez estructural y su incapacidad para romper con estrategias fracasadas que dependen de la poderosa clase dirigente del sector de la exportación agrominera. En vez de ello, sus propuestas reafirman su dependencia de programas de estímulo “expansionista” de las clases dirigentes de EE.UU. y Europa.
Sus insistentes llamados al libre comercio y a evitar el proteccionismo cayeron en oídos sordos, puesto que todos los países imperiales persiguen una doble política de promoción del libre comercio para sus dinámicas multinacionales radicadas en el extranjero y de proteccionismo para sus desfallecientes sectores financieros y manufactureros locales.
Mientras que evitan cualquier cambio estructural interno que pudiese favorecer a los trabajadores desempleados, campesinos, funcionarios públicos y pequeñas empresas, persisten en seguir las políticas que favorecen a banqueros, elites de la exportación y compañías multinacionales. El principal objetivo económico de los regímenes latinoamericanos de centro izquierda no es la reforma interna, sino la búsqueda de inversionistas y nuevos mercados exteriores.
A principios de abril, los dirigentes latinoamericanos y su elite de los negocios se reunieron con sus homólogos árabes en Qatar para incrementar las inversiones y el comercio mediante empresas conjuntas. Misiones similares llevadas a cabo en China, Rusia y Japón han conducido a inversiones casi exclusivas de capital en industrias extractoras (petróleo y minerales) y en agricultura mecanizada para la exportación.
El comercio interregional a través del Mercosur ha sido altamente asimétrico, tal como lo demuestra el déficit comercial de cuatro mil millones de dólares que Argentina tiene con Brasil. El centro izquierda es estructuralmente incapaz de reconocer que la crisis mundial ha debilitado en gran parte la estrategia de la exportación; que las elites no pueden sobreponerse a sus contradicciones internas y a sus limitaciones de clase y “exportan” sus métodos de recuperación económica.
La búsqueda de nuevos mercados e inversionistas en Asia y Oriente Próximo puede ofrecer un aumento limitado de mercados de exportación, pero tendrá poco o ningún efecto sobre los sectores industriales y de servicios, los cuales dan trabajo a la mayoría de los trabajadores y empleados. Además, los países asiáticos y de Oriente Próximo también sufren una grave crisis, ya que el comercio (tanto las importaciones como las exportaciones), el sector manufacturero y el empleo están en declive.
Así, China ha optado por un vasto plan de estímulo económico basado en el aumento de la demanda interna. Asia, pues, puede ofrecer muy poco alivio a Latinoamérica en esta crisis.
El único país que brilló por su ausencia en la reunión de gobiernos de centro izquierda en Santiago de Chile fue Venezuela, en parte debido a que el presidente Chávez prosigue una estrategia económica alternativa para enfrentarse a la crisis mundial.
La estrategia de Chávez incluye la nacionalización de sectores económicos clave como el petróleo y el gas, lo cual aumenta los ingresos del Estado; la protección de sectores sociales estratégicos como los alimentos y su distribución, y la expansión de una reforma agraria para aumentar la producción local de alimentos.
El Gobierno tiene un programa de subvención de los precios de los alimentos, un aumento del 20% en el salario mínimo, que busca amortiguar los efectos de la inflación, y un gasto público en proyectos intensivos de infraestructuras laborales, programa que ha dado lugar a una disminución del desempleo con la creación de 280 mil nuevos puestos de trabajo en enero y febrero de 2009.
Chávez está utilizando un radical programa keynesiano que depende de inversiones públicas a gran escala para expandir el mercado doméstico y de subvenciones sociales dirigidas a una amplia franja de las clases más humildes. Su política de inversiones estatales se basa en la “cooperación” del todavía dominante sector privado, en especial las finanzas, la construcción, la agrominería y las manufactureras, ya sea mediante incentivos económicos y contratos estatales o mediante amenazas de intervención o nacionalización.
Las reformas estructurales internas de Chávez se complementan con la promoción de pactos político-económicos regionales como Petrocaribe y el ALBA, con Bolivia, Cuba, Nicaragua y varios estados caribeños y de América Central. Cuenta con los crecientes acuerdos financieros y de inversión con China, Oriente Próximo –sobre todo Irán– y Rusia, en particular mediante empresas conjuntas en los sectores del petróleo y la minería.
Mientras que la estrategia de Chávez representa una alternativa y una clara ruptura con el enfoque de la elite exportadora de centro izquierda, no deja de mostrar graves contradicciones. Venezuela es muy dependiente de una exportación única –el petróleo– para los ingresos del exterior y de un mercado único, el estadounidense. En segundo lugar, sus reservas de divisas extranjeras se están agotando rápidamente. En tercer lugar sus esfuerzos para promover la integración regional no han prosperado, ya que los principales países latinoamericanos miran hacia el G20 en busca de salvación.
La intervención estatal y la nacionalización han aumentado el control nacional sobre la economía, pero no se han enfrentado a la desigual distribución de la renta, de la propiedad y del poder. Como resultado de ello, la economía se ha visto afectada por una ola de huelgas de trabajadores y empleados en los sectores manufactureros, de la educación, la minería y las fundiciones.
Igualmente grave es que una tasa de inflación del 30% ha erosionado el poder adquisitivo de los ingresos fijos, que ha erosionado los recientes aumentos del salario mínimo. Los aumentos del precio de los alimentos, que provienen de la importación en el 90%, afectan adversamente la balanza de pagos. El futuro inmediato podría convertirse en una amenaza para la estabilidad social de Venezuela.
Latinoamérica y el agravamiento de la crisis
La participación de algunos países latinoamericanos importantes en la reunión del G20 en Londres, que tuvo lugar el 2 de abril de 2009, y los acuerdos posteriores revelan la bancarrota política de la actual dirigencia política. La declaración de un importante programa de nuevos “estímulos” ocultó el hecho de que la mayoría de los fondos citados (1,1 billones de dólares) ya estaban asignados antes de la reunión y no tendrían efecto alguno.
La cantidad real de nuevos fondos fue sólo una fracción de este desembolso (250 mil millones de dólares), la mayor parte de ellos destinada a rescatar al sector financiero.
El solemne acuerdo del G-20 para oponerse al proteccionismo se vio falseado por un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según el cual 17 de los 20 países han adoptado recientemente medidas protectoras de sus industrias locales y limitaciones a la financiación exterior. El más beneficiado en el G-20 fue el Fondo Monetario Internacional, que ha prometido 500 mil millones de dólares adicionales en líneas de crédito y financiación.
Dado el dominio estadounidense y europeo en el interior del FMI y la historia reciente de imposiciones de condiciones restrictivas a favor de los países imperiales, su fortalecimiento plantea un obstáculo importante a la recuperación de cualquier gobierno latinoamericano progresista. Las grandes expectativas que tenían los gobiernos de centro izquierda y de derecha en Latinoamérica de que el G20 los favoreciese con estímulos significativos quedaron defraudadas.
A la izquierda, Fidel Castro y sus aliados latinoamericanos dirigen su mirada a China como mercado alternativo y socio inversionista. Pero las inversiones exteriores de China casi siempre se dirigen a los sectores de la extracción (minerales, petróleo) y, en menor grado, a la agricultura. Por eso, las inversiones chinas en Latinoamérica han creado pocos empleos mientras que favorecen a los sectores que contaminan el medio ambiente. El perfil exportador de Latinoamérica con China se reduce a un monocultivo de materias primas altamente vulnerable a las fluctuaciones de los precios mundiales.
Más aún, los acuerdos comerciales de China con Latinoamérica incluyen la importación de bienes manufacturados chinos producidos por trabajadores no sindicados y altamente explotados, lo cual socava cualquier recuperación del sector manufacturero latinoamericano.
Los dirigentes latinoamericanos, que confían en que China los saque de la crisis, están inmersos en un estilo neocolonial de recuperación basado en un modelo exportador de materias primas. De la misma manera, tampoco la perspectiva de Rusia como nuevo mercado y estímulo económico mejora las cosas, y ello debido a que la economía rusa es muy dependiente del petróleo y del gas, carece de industrias competitivas y, por encima de todo, está inmersa en una gran crisis con una caída de la economía que sobrepasa el 7% en 2009.
La búsqueda de nuevos paquetes de estímulos provenientes de EE.UU. y de la Unión Europea o de nuevas alternativas comerciales con China y Rusia es un esfuerzo desesperado de los dirigentes latinoamericanos para salvar el desfalleciente modelo exportador de sus elites. La idea promovida por Brasil de que los países imperiales deberían ofrecer una solución a la crisis mundial, puesto que fueron ellos quienes la provocaron, es un desatinado brindis al sol, sobre todo a la luz de la manifiesta incapacidad que están demostrando para estimular sus propias economías.
La promoción estadounidense del FMI busca entorpecer cualquier política progresista latinoamericana y el florecimiento de regímenes independientes, de ninguna manera ayudarlos a recuperarse de la crisis.
Conclusión
A causa de la profunda y costosa implicación del gobierno de Obama con el complejo militar del imperio y de la multibillonaria financiación de su sector bancario interno (mientras que al mismo tiempo apoya el proteccionismo crediticio), las clases dominantes latinoamericanas no pueden esperar ninguna medida de estímulo económico proveniente de EE.UU.
Las profundas divisiones políticas entre Washington y Latinoamérica (y entre las propias clases de ésta última), así como las divergentes estrategias nacionales y de clase, impiden cualquier estrategia regional. Incluso entre los gobiernos nacionalistas de izquierda, aparte de algunas limitadas iniciativas complementarias entre los países del ALBA, no existe ningún plan regional. En este sentido, es un grave error escribir o hablar de “iniciativa o problema latinoamericano”.
Lo que hoy podemos observar es una caída generalizada del modelo de las exportaciones y respuestas sociales divergentes entre las políticas proteccionistas salariales de Venezuela y las políticas que subvencionan la exportación en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia. Durante la recesión, estos gobiernos de centro izquierda han demostrado un algo grado de rigidez estructural, ya que no han realizado esfuerzo alguno para profundizar y expandir el mercado interno y la inversión pública, por no hablar de nacionalizar las compañías en estado de quiebra.
La crisis subraya el proceso de desglobalización neoliberal y el auge de la importancia del estado-nación.
La galopante crisis económica afecta negativamente a los actuales gobiernos, ya sean de centro izquierda o de derecha, y fortalece a sus oposiciones respectivas. En Argentina, la derecha y la extrema derecha han controlado las calles con un creciente poder interior entre la elite agraria del país y la clase media bonaerense. El sindicato progresista CTA [Central de los Trabajadores Argentinos], que ha organizado huelgas y protestas, no está vinculado a ninguna nueva organización política de izquierda alternativa.
Brasil ha sido testigo de protestas similares por parte de movimientos sociales y sindicatos contra un aumento del 10% del desempleo y la decadencia del sector exportador. No obstante, el principal beneficiario político de la caída de popularidad del autodenominado Partido dos Trabalhadores de Lula es la derecha.
Por el contrario, el centro izquierda se va a beneficiar en los países en que el poder está en manos de la derecha, entre ellos México, Colombia y Perú. Pero, al igual que en otros lugares, los movimientos de masas carecen de capacidad de respuesta política organizada ante un capitalismo en pleno colapso.
Además, ni Cuba ni Venezuela ofrecen un “modelo” al resto de Latinoamérica. La primera es muy dependiente de una vulnerable economía basada en el turismo, mientras que la segunda es una economía dependiente del petróleo. Dado el colapso sistémico del capitalismo, estos países necesitarán hacer reformas a la carta, tales como las subvenciones alimentarias de Chávez, así como nacionalizaciones personalizadas, o tender a la socialización de los sectores financiero, comercial y manufacturero.
Las protestas masivas, las huelgas generales y otras formas de rebeldía social están empezando a surgir en todo el continente. Sin duda, el Imperio intensificará su apoyo a los movimientos derechistas de la oposición y a sus clientes actuales, también derechistas, que están en el poder. La hegemonía imperial sobre la elite latinoamericana sigue siendo fuerte, incluso si es prácticamente inexistente entre las organizaciones de la sociedad civil.
Dada la posición militarista y proteccionista del gobierno de Obama, es de esperar una intervención del Imperio bajo la forma de operaciones encubiertas, conforme la lucha de clases se incrementa y se dirige hacia una transformación socialista.
Nota:
[1] Este apartado sobre Honduras procede del artículo “La estrategia de retroceso de Obama. Honduras, Irán, Pakistán, Afganistán (y el efecto boomerang)”, de James Petras, originalmente traducido por Beatriz Morales Bastos. Revisión de Manuel Talens.
Artículo original: http://petras.lahaine.org/articulo.php?p=1778 – Traducido para Rebelión por Manuel Talens
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