30 años después, Sendero Luminoso continúa representando un peligro para el gobierno peruano

Muchas cosas han pasado desde que Sendero Luminoso (SL) declarara la guerra al gobierno peruano hace casi 30 años. El fujimorismo, con métodos poco democráticos, arrasó con buena parte de su estructura. Lejos de desaparecer, el grupo se ha vuelto más complejo y sigue presente en todos los frentes de la opinión pública.

Alberto González

La detención de su líder fundador, Abimael Guzmán (presidente Gonzalo), en 1992 marcó un antes y un después. Cuando antes Sendero Luminoso tenía implantación en una tercera parte de los 1.800 distritos del país, ahora su fragmentación ha ocasionado focos locales que siguen persistiendo en su lucha, ya sea ideológica o armamentística.

Para el investigador peruano Mirko Lauer, columnista del diario «La República», el SL de 1980, que preconizaba una revolución campesina de tendencia maoísta, se aprovechaba del factor sorpresa. «En cambio el actual se enfrenta a un Ejército y a una Policía» con mucha más experiencia. «En 1980 -sigue opinando Lauer- SL se manejaba con cuadros procedentes de un largo proceso de preparación, con jefes civiles operando desde centros de mando fijos. Hoy los cuadros son reclutados en caliente, con una estrategia de supervivencia, de atrincheramiento y con jefes estrictamente militares muy cambiantes».

Presidente Gonzalo

La verdad es que aquel Sendero Luminoso de los años 80 ahora se ha desmembrado y hay tres reductos difíciles de reconciliar que tiene enfrentadas a sus bases. Sin duda, las detenciones de Guzmán, de su segunda esposa Elena Iparraguirre y de otros altos mandos provocó un cambio de rumbo. De hecho, Guzmán e Iparraguirre han repetido hasta la saciedad que la lucha armada se dio por finalizada desde entonces y que SL está más que disuelto. Tachan de impostores a los autorreivindicados nuevos líderes.

«Nunca, en mis 40 años de vida en el partido, conocí ni vi a esos supuestos dirigentes, que son mercenarios, porque luchan por su interés personal de caudillos en contra del pueblo», subrayó recientemente Iparraguirre en una nota hecha pública el pasado 7 de setiembre.

El cénit de la controversia llegó con la presentación -el 11 de septiembre- del libro autobiográfico de Guzmán, titulado «De puño y letra». Su mensaje queda claro en este libro: el abandono de las armas y la incorporación a lucha política. «¡Luchar por un Acuerdo de Paz! ¡Hacia el segundo Congreso!», enfatiza Guzmán en el segundo capítulo del libro. Pide la amnistía para los encarcelados y, sin escribirlo explícitamente, reclama una participación de los senderistas en las urnas.

Esta última idea ha provocado en el Perú una gran controversia. «La sociedad peruana no está preparada ni dispuesta a aceptar esta posibilidad porque ha vivido muchos años de tragedia», asegura el periodista Gustavo Gorriti, uno de los máximos especialistas en materia senderista, autor de ocho libros, y secuestrado por los servicios secretos fujimoristas en 1992. Pero tanto Gorriti como otro expertos avalan las tesis del abogado de Guzmán que manifestó recientemente el derecho de los ex senderistas a presentarse a los comicios a título individual.

«Quienes han terminado su condena tienen derecho de participar en la vida política del país», argumentó el letrado.

El sociólogo Carlos Tapia (ex miembro de la Comisión de la Verdad y actual asesor del Partido Nacionalista Peruano de Ollanta Humala) avala esta tesis. Pero parece que de momento el gobierno aprista de Alan García no comparte esta opinión. La publicación del libro «De puño y letra» le ha llevado a presentar una denuncia por «apología del terrorismo» ante el Poder Judicial. «García está practicando una errónea táctica de exorcismo y aniquilación contra todo lo que provenga de SL», lamenta Gorriti.

Camarada Artemio

La segunda gran facción que queda de aquel SL irreductibles en los 80 es la capitaneada por el camarada Artemio, un seudónimo que esconde un personaje que todos desconocen. En cualquier caso, lo señalan como el comandante regional de Sendero Luminoso para la región del Huallaga, valle del norte del Perú (en el departamento de San Martín), zona conocida por el cultivo de coca y por los laboratorios clandestinos de elaboración de cocaína. Defiende el derecho de amnistía de los senderistas encarcelados y para ello sigue levantado en armas.

Pero lo cierto es que ha sufrido numerosas bajas en los últimos años. La última gran acometida fue en 2006, tras una entrevista que Artemio concedió al programa televisivo «Panorama». A raíz de ello, la Policía detuvo a muchos de sus miembros.

«El camarada Artemio será detenido antes de diciembre», se atreve a predecir el sociólogo Tapia. «El frente policial que hay desplegado en Huallaga es uno de los más veteranos y está poniendo a los guerrilleros contra las cuerdas», añade Gorriti.

Camarada José

De todas formas, la presencia activa e ideológica de Sendero Luminoso en Perú es ahora sólo regional. Lejos de la amplia presencia que tenía en los 80, ahora se reduce al mencionado valle de Huallaga y a los 12 distritos del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Vrae), un paraje inhóspito de selva montañosa, inaccesible y con caminos agrestes.

En ese mismo lugar están afincados el centenar de guerrilleros capitaneados por Víctor, uno de los nueve hermanos Quispe Palomino, conocido como camarada José. Se trata del líder del llamado Comité Regional del Centro (CRC), el más poderoso aparato militar senderista y autodenominado heredero de Abimael Guzmán. Víctor Quispe no es un activista improvisado sino un verdadero cuadro, es decir, un militante sumamente ideologizado, con entrenamiento militar, experiencia de guerra y con una enorme capacidad de dirección.

Su grupo repudia la línea de Guzmán y ha establecido cambios de estrategia y doctrina que lo acercan a la que preconizaban las FARC en Colombia hace diez años. La facción, que según algunas fuentes se financia básicamente con el cultivo de coca y de la extracción de madera y minerales, ha logrado poner en jaque al ejército peruano en más de una ocasión.

Estos guerrilleros no son menospreciables, pese a que el Gobierno insiste en tacharlos de simples narcoterroristas. Cuentan con ametralladoras de largo alcance capaces de derribar cualquiera de los helicópteros militares como el que fue abatido el pasado 2 de setiembre.

Por ello, la presencia del ejército en el Vrae ha levantado un gran debate en el Perú. Por un lado, Carlos Tapia no entiende cómo un despliegue de más de mil soldados no puede hacer frente a un grupo de 120 guerrilleros.

«Parece como si a la clase política le interese mantener vivos a los narcotraficantes en el Vrae con propósitos electorales», explica Tapia. Hace unas semanas, se discutió incluso la posibilidad de declarar el valle como zona de combate. El vicepresidente de la República, Luis Giampetri, pidió al Congreso esta medida que obligaría a evacuar a todos los civiles de sus casas.

Pero por otro lado, voces ponderadas como la de Gorriti opinan que pese a que las «acciones militares para erradicar a los senderistas tienen éxito (especialmente las que se llevan a cabo en Huallaga), deben estar subordinadas a la realidad democrática».

En este sentido, defiende una lucha ideológica que impida el acceso del pensamiento senderista entre la opinión pública.

Sin embargo, muchos mensajes maoístas están penetrando últimamente en la comunidad universitaria. En muchas facultades peruanas «se concibe la posibilidad de empezar, en un cierto período de tiempo, un nuevo ciclo revolucionario como el que abrió el Sendero en los años 80», opina Carlos Tapia.

En definitiva, desde que el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso se alzó en armas en mayo de 1980, ha sido visto siempre como una organización sólida e indesmantelable.

Hoy, 29 años después, es cierto que la organización se está desmembrando, pero su presencia sigue poniendo en jaque al estado peruano, tanto a nivel político como militar.

La voz silenciada de las víctimas de un cruento conflicto

Durante los más de 20 años de guerra, centenares de miles de personas resultaron damnificadas de forma directa. Se trata de víctimas mortales ocasionadas por ambos bandos (militares y senderistas): viudas, huérfanos, heridos, desplazados, inocentes encarcelados, torturados, desaparecidos…

Hace seis años se creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) para depurar responsabilidades y el estado peruano, mediante la ley 28592, se comprometió en 2007 a reparar económicamente tanto a comunidades como personas afectadas por el trauma de la guerra. Esta ley estipula cantidades de hasta cien mil nuevos soles (25 mil euros) de indemnizaciones individuales. Pero lamentablemente, la inmensa mayoría no ha visto ni un solo céntimo.

Pese a que los afectados aseguran que son más de un millón, el Consejo de Reparaciones sólo ha acreditado como víctimas a poco menos de 70 mil con la estimación de llegar a los 90 mil a finales de año. El Gobierno ha asegurado que a partir de enero se iniciarán los pagos, especialmente a las personas mayores de 60 años. Pero nadie confía en ello.

Martín Yana, de Ururillo (al sur del Perú), fue víctima de una detención arbitraria que le supuso nueve años a la cárcel y ahora preside un colectivo de presos inocentes a los que el Gobierno no quiere reconocer. «No he encontrado trabajo desde que me absolvieron», dice.

Clara Jove, de 66 años, perdió a su marido en Azángaro en 1986 a manos de Sendero Luminoso por ser el simple vigilante de un ganado de ovejas. «Ni tan solo me han acreditado como víctima», lamenta con el miedo de morir antes de verse reconocida.